Ley de transparencia fiscal y tributaria es negativa, dicen expertos

El proyecto de ley de transparencia fiscal internacional y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento fue cuestionado por el presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau), Julián Moreno, y el expresidente del Banco Central (BCU), Julio de Brun.

Precisamente, este último dijo durante su extensa exposición ante la comisión de Hacienda de Diputados que no asistía a manifestarse "en contra de las iniciativas" de cooperación de las administraciones tributarias a nivel internacional. Sin embargo, el grueso de su postura marcó una visión crítica sobre la iniciativa que el gobierno pretende llevar adelante para que –a partir de 2018– Uruguay pueda levantar el secreto bancario sin orden judicial previa, entre otras facultades. En ese contexto, alertó por la posible apropiación de renta que podrían realizar terceros países a futuro sobre empresas extranjeras instaladas en régimenes especiales para promover la inversión, como las zonas francas.

"El objetivo fundamental que se busca con esto no es saber lo que tiene un individuo en otro país, sino directamente encontrar activos o actividades en otras jurisdicciones de las cuales un país pueda captar una renta con fines tributarios", aseguró De Brun.

El economista indicó que esta iniciativa es promovida por la OCDE, "por países de mayor desarrollo relativo y más industrializados para captar rentas de sus ciudadanos dónde sea, aun cuando implique entrar y vulnerar la soberanía y el alcance tributario de otras jurisdicciones".

En ese sentido, el exsecretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados citó el último boletín del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información sobre Fines Fiscales, donde se destaca como uno "de los principales logros" –en materia de intercambio de información– que obtuvieron países como Dinamarca o Noruega, que "detectaron rentas o activos que ciudadanos o residentes en esos países tenían en el exterior y no habían declarado. Por lo tanto, sobre esas rentas y esos activos en el exterior esas administraciones tributarias obtuvieron ingresos adicionales. No nos engañemos; ese es el objetivo que tiene esta iniciativa, es decir, permitir que otros países puedan saber que un residente en un país 'x' tiene actividades o activos en Uruguay a efectos de que esa otra jurisdicción pueda captar parte de esas rentas generadas en nuestro país".

De Brun dijo que esto cuenta con "un agravante" cuando se intercambia información a través de un tratado bilateral entre países. "Normalmente, el elemento de negociación es tratar de evitar la doble tributación y Uruguay y otros países han tratado de defender en lo posible –depende de la fuerza del país en la negociación– la autonomía tributaria del país. Es decir que si Uruguay quiere promover determinadas inversiones extranjeras en el país y en función de eso otorgar beneficios tributarios, hay que impedir que, por la vía de un tratado que intenta evitar la doble imposición, esa renta a la que el país renuncia termine en otro lado, porque lo que debería ser un mecanismo de incentivo a la inversión termina siendo una transferencia de renta hacia una jurisdicción extranjera", alertó. Precisamente, sobre ese aspecto el experto sugirió a los legisladores tener en cuenta la multa récord por € 13 mil millones que la Comunidad Europea aplicó a Apple por beneficiarse de acuerdos fiscales suscritos con Irlanda en los últimos 15 años.

"Sugiero que se analice el caso de Apple, Irlanda y la Unión Europea, porque ilustra lo que se viene de aquí en adelante. No nos debería extrañar que con la velocidad con que en estos últimos años hemos ido pasando a la circunstancia en la que nos encontramos ahora, en la próxima década, tengamos que rendir cuentas frente a otros países por las inversiones hechas en zonas francas de Uruguay o las de extranjeros llevadas a cabo con determinados beneficios promocionales, eventualmente, por estar vulnerando algunas reglas de erosión de la base fiscal", advirtió De Brun.

Por su parte, el presidente del Cceau dijo que los fundamentos que pone sobre la mesa el Ejecutivo para adherirse a las normas que fija la OCDE, "devienen de políticas globales impuestas por países centrales en el ámbito económico y financiero universal y de organismos internacionales, cuando se plantean a nivel internacional olvidan lo que manda nuestra Constitución de la República". Para Moreno, "todo cercenamiento o limitación que se hace del derecho a la intimidad está en juego la libertad individual. Todas las personas tenemos el legítimo derecho de mantener una parte de nuestra vida al margen del conocimiento de terceros", indicó.