Ley ya habilita a expulsar a los presos extranjeros

No se necesita una nueva ley para aplicar el modelo argentino de liberación y expulsión de presos extranjeros, que hayan cumplido la mitad de su condena. El comisionado parlamentario para cárceles, Álvaro Garcé, planteó que basta con un acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia (SCJ)y el Ministerio del Interior para implementar un modelo de deportación de presos similar al de Argentina

El Código del Proceso Penal, en su artículo 328, establece que la SCJ puede otorgar la libertad anticipada a las personas que hayan cumplido la mitad de su condena. A su vez, la ley migratoria 18.250, aprobada en 2009, permite al Ministerio el Interior “cancelar la residencia que hubiese otorgado y disponer su consecuente expulsión cuando la persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaría o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos”. Esta norma no rige para los refugiados.

Garcé advirtió que “con la ley migratoria de 2009 sería posible, aunque poco probable, la cancelación de la residencia y la expulsión de una cantidad importante de los extranjeros que están privados de libertad en Uruguay”. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario agregó que es posible expulsar presos extranjeros “si para eso se pusieran de acuerdo dos poderes del Estado: el Poder Judicial, otorgando la libertad anticipada a la media pena, y el Ministerio del Interior, cancelando el permiso de residencia”.

De todas maneras, Garcé advierte que emular el modelo argentino de expulsión de presos extranjeros no es deseable. “Sería inconveniente por el eventual rebote que puede tener a mediano plazo. Si un Estado comienza a instalar la señal de que a los extranjeros se les da la libertad anticipada y se los expulsa inmediatamente a la mitad de la pena, lo que se está haciendo es dar facilidades a extranjeros mediante un régimen más benigno que el que aplica a los ciudadanos nacionales”, dijo Garcé a El Observador.

El tema divide a diversos actores vinculados al sistema penitenciario. Mientras que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresó en principio su simpatía por imitar el modelo argentino, luego aclaró, a través de un asesor, que no está de acuerdo con la liberación y expulsión de presos. “Bonomi no habla de deportar sino de permitir –acuerdos mediante– que los extranjeros recluidos en territorio nacional puedan completar su pena en el país de origen”, escribió el asesor Fernando Gil en su blog personal.

Sin embargo, consultado acerca de la posibilidad de emular el modelo argentino, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, expresó que “se podría hacer”.

Más explícito aun fue el fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien dijo que está a favor de que Uruguay adopte un modelo similar al de Argentina. Pero, a diferencia de Garcé, que considera que la ley vigente ya lo permite, Díaz advierte que para implementar el nuevo modelo “es necesaria una modificación legislativa”. Los extranjeros condenados en Uruguay “no solamente no son expulsados, sino que además les impedimos que se vayan hasta que cumplan el saldo de pena en libertad”, dijo Díaz.
En Uruguay hay 270 reclusos extranjeros. De ellos, 128 están presos por narcotráfico.

Convenios internacionales
Tanto Garcé como Bonomi consideran que lo más apropiado es cumplir con los tratados internacionales para que los presos extranjeros terminen de cumplir la condena en su país de origen. Sin embargo, Gabriela Fulco, asesora de Bonomi en temas carcelarios, dijo a El Observador que “desde 2010 a hoy se pueden contar con los dedos de una mano” los reclusos que se han deportado, para que cumplan el resto de su condena en el extranjero.
Garcé explicó a El Observador que la Convención Interamericana de Managua de 1993, ratificada por Uruguay en 2009, prevé que las personas condenadas pueden terminar de cumplir su condena en su país de origen. Sin embargo, el comisionado parlamentario advirtió que Argentina aún no suscribió este tratado. En Uruguay hay 136 presos argentinos y en Argentina unos 600 uruguayos.

De todas maneras, el comisionado advirtió que “el convenio sería operativo con Brasil”. Mientras que en las cárceles uruguayas hay 27 presos brasileños, en las brasileñas hay menos de 100 uruguayos, informaron la embajada de Brasil y el Instituto Nacional de Rehabilitación a El Observador.
Los convenios requieren que los presos tengan condena firme y expresen su voluntad de cumplir la pena en su país de origen.
En este sentido, Uruguay firmó un acuerdo bilateral con España en 2010. “Ese es el modelo, la buena práctica, que había que generalizar”, dijo Garcé.
El comisionado cree que el flujo de reclusos de un país a otro para cumplir parte de la condena no es mayor por falta de información en actores del sistema. Además, reconoció que “las cárceles españolas son mejores que las uruguayas”.

Policías actuaron “de mala fe”
El sábado 31 de agosto, 48 presos del Comcar fueron trasladados al penal de Libertad y un grupo de policías los recibió con golpizas. El comisionado parlamentario para cárceles, Álvaro Garcé, informó que son 29 los lesionados y agregó que los policías actuaron “de mala fe”.
“Fue una acción fuera de la línea de mando, sin el conocimiento de las autoridades, lo que constituye una agravante, porque se hizo de mala fe y a espaldas de la dirección del establecimiento, cuya línea ha sido la contraria, la de dar garantías a las personas durante los traslados”, dijo Garcé, quien recordó que en el motín del 6 y 7 de agosto, “las pedreas a la Policía fueron contestadas de manera ordenada, legal y prolija, a pesar de que el jefe del operativo, el inspector Luis Mendoza (director del Instituto Nacional de Rehabilitación), había sido agredido en una mano y otros dos agentes en la cabeza, uno de ellos con abundante sangrado y pérdida de conocimiento”. El caso está a estudio del juez penal Pablo Misa. Garcé recordó que en 2011 dos oficiales fueron procesados por torturas a presos.