Lo político por encima de lo jurídico

La reacción del gobierno uruguayo ante la destitución de Dilma Rousseff
Lo político por encima de lo jurídico

Hay veces que lo político está por encima de lo jurídico, dijo José Mujica al justificar la operación de salida de Paraguay del Mercosur y entrada por la ventana de Venezuela, allá por 2012. Lo criticaron por todos lados, muy fuerte desde la oposición pero también quienes en el Frente Amplio veían en esa frase no solo una justificación puntual de esa decisión sino toda una definición sobre cómo hacer política y gobernar.

"El problema no es que lo político esté por encima de lo jurídico, eso a veces sucede – me dijo una vez un experimentado dirigente que ocupó varios cargos de relevancia años atrás- el tema, en todo caso, es que la salida de Paraguay fue escandalosa".

El gobierno, y la cancillería en particular, no tuvieron ese matiz. En todo momento, el canciller se preocupó por dejar claras la diferencia con Mujica. Lo repitió una y otra vez y lo utilizó como uno de los principales argumentos para defender su postura de entregar la presidencia pro témpore del Mercosur a Venezuela. Los grandes presionaban, pero para Uruguay "lo jurídico" era efectivizar el traspaso y lo político, negarlo.

Sin embargo, con la declaración del gobierno sobre la destitución de Dilma Rousseff, eso cambió. Quizá porque como dijo Mujica, el texto tiene frases "típicas de Tabaré" y el presidente resolvió cambiar la impronta. Quizá porque era hora de dar una señal política contra un gobierno que en sus primeros meses sólo se acercó a Uruguay para presionar y mostrar los dientes. Quizá porque cayó un gobierno amigo. Lo cierto es que el comunicado del gobierno no desconoce la legitimidad del nuevo presidente (ni siquiera lo nombra), pero se centra en otra cosa: toma partido a favor de Dilma.

Para que no queden dudas, el texto se cierra con una frase que es toda una declaración sobre porqué, esta vez, el gobierno considera por encima "lo político": "más allá de la legalidad invocada" (o sea, de lo jurídico), el gobierno uruguayo "considera una profunda injusticia dicha destitución".


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