Los argumentos jurídicos de los docentes para rechazar la esencialidad

Según el informe, el decreto de esencialidad establecido por el Poder Ejecutivo el pasado lunes y que comenzó a aplicarse desde hoy, "pretende fundarse infructuosamente" en la jurisprudencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Esto se debe a que, según la Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical de los años 1996 y 2006, el "sector de la educación" no constituye un "servicio esencial en el sentido estricto del término".

Sin embargo, sí se consideran como esenciales "el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares", fundamentos que utiliza el gobierno pero que no son válidos para el sindicato, porque ya están cubiertos por servicios de emergencia.

Además, según Isabel Cammarano, una de las abogadas que elaboró el informe, de la propia ley 13.720 -que es la que reglamenta los pedidos de esencialidad- se desprende que la educación no puede decretarse esencial ya que en consecuencia deberían poder establecerse cuáles son los servicios mínimos a prestar. "En la educación no se pueden cubrir servicios mínimos. Cuál entra, ¿el profesor de Literatura sí y el de Matemática no?", se preguntó.

Para el gobierno, "las decisiones adoptadas por las organizaciones sindicales comprometen, por su extensión, derechos básicos que tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana" como es la enseñanza. Y si bien para la OIT, un servicio no esencial puede convertirse en esencial "cuando la duración de una huelga rebasa cierto período" y pone en riesgo la seguridad, vida o salud de la población, para el sindicato de docentes los argumentos del gobierno señalados no son tampoco fundamento para la esencialidad. "Para que se amplíen los servicios esenciales tiene que haber una crisis aguda nacional", dijo Cammarano, y explicó además que en los dictámenes del Comité de Libertad Sindical de OIT se establece que "las posibles consecuencias a largo plazo de las huelgas en el sector de la Enseñanza no justifican su prohibición".

Para OIT el "sector de la educación" no constituye un "servicio esencial en el sentido estricto del término"

Por otra parte, en el informe se señala que para la OIT el argumento de que los funcionarios públicos no gozan del derecho de huelga porque el Estado como empleador tiene mayores obligaciones "no convence para cambiar la actitud" con respecto al derecho de huelga del personal docente.

Para los docentes se trata entonces de un decreto que "desmantela" el estatus jurídico internacional con respecto al derecho de huelga "pulverizando" su protección y "sustituyéndola por una discrecionalidad arbitraria del Poder Ejecutivo que a partir de ahora será quien determine los límites y el alcance de un Derecho Humano Fundamental".

El decreto es "absolutamente mentiroso", dijo la abogada de Ades, ya que dice que desde marzo se está negociando cuando el gobierno dio las pautas en agosto.

Denuncia en OIT

Desde el PIT-CNT se aseguró ayer que abogados están trabajando en argumentación para denunciar al gobierno ante la OIT y la Justicia uruguaya por un decreto que consideran "ilegal e ilegítimo" y que limita el derecho de huelga. "Esta medida sindical no adultera ni la seguridad ni la salud ni la vida de ninguna persona" por lo que no es una esencialidad, dijo ayer el dirigente sindical Fernando Pereira luego de la reunión del secretariado del PIT-CNT por la que se decidió la realización de un paro general parcial este jueves. Se trata entonces para la central sindical de una prohibición al derecho de huelga contra lo que el sindicato se propone dar pelea.