Los baches del sistema uruguayo para prevenir el lavado de dinero

Uruguay ha sido elegido como país de tránsito para evasores de impuestos
Los Panamá Papers, divulgados a nivel mundial el domingo pasado y a nivel nacional el jueves por el semanario Búsqueda, revelaron que Uruguay tiene un fuerte vínculo con un paraíso fiscal especializado en crear sociedades para proteger la identidad de sus integrantes. Al mismo tiempo, avanzó esta semana en Argentina una causa trabada desde hace tres años: la investigación sobre lavado de dinero en torno al empresario Lázaro Báez, que mantuvo negocios con el matrimonio Kirchner. ¿Qué relación tienen los Panamá Papers con la ruta del dinero K? Ambos muestran que el sistema uruguayo para prevenir el lavado de dinero está plagado de baches.

El argentino Leonardo Fariña, que confesó ante la prensa haber sido el valijero de Báez, declaró ayer ante el juez Sebastián Casanello que viajaba con bolsos de dinero desde Buenos Aires hacia el aeródromo de Melilla, cerca de Montevideo, para evitar los controles de la Aduana, informó en su cuenta de Twitter el periodista Jonatan Viale de Todo Noticias (TN) (más información en página 23).
Fariña trabajó junto al financista Federico Elaskar, quien, en una entrevista con Jorge Lanata, confesó haber sacado de Argentina US$ 55 millones de Báez. Fariña y Elaskar fueron procesados por lavado de dinero hace dos años y esta semana el juez Casanello detuvo a Báez y a su contador, Daniel Pérez Gadín, presidente de la sociedad anónima que compró el campo El Entrevero en José Ignacio por US$ 14 millones en 2011, como revelan documentos a los que accedió El Observador.

Mientras que los Panamá Papers demostraron la dificultad del Estado uruguayo para controlar la actividad de los estudios jurídicos, la confesión de Fariña confirma la facilidad de los lavadores para ingresar dinero en Uruguay.

Estos no son los únicos baches que existen en Uruguay. Los evasores fiscales extranjeros encuentran en el sistema financiero uruguayo una guarida segura, porque la ley 18.494, de Control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo, establece 22 delitos precedentes de lavado, pero no nombra a la evasión fiscal.

La persecución del lavado de dinero busca desarticular la economía de las organizaciones criminales, mediante el decomiso de los bienes y las cuentas bancarias. Pero, para procesar por lavado y decomisar, los jueces necesitan saber cómo se generó el dinero ilícito, cuál fue el delito precedente al lavado. Como la ley de lavado de dinero no menciona a la evasión fiscal como delito precedente, la Justicia no puede quedarse con los bienes y cuentas de los evasores. Por esa razón, Daniel Espinosa, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, la unidad encargada de denunciar en la Justicia a los lavadores de dinero, reconoció en abril de 2015: "Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal" y que "hemos sido la plaza regional para ese tipo de fondos". No es casual que Báez haya decidido sacar el dinero de Argentina por Uruguay.
El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Carlos Díaz, ha expresado la necesidad de que el Parlamento uruguayo apruebe antes de 2019 la inclusión de la evasión fiscal como delito precedente de lavado. Ese año llega una inspección internacional que puede sancionar al país en caso de que no cumpla con esta exigencia.

El secretario antilavado liderará en los próximos días inspecciones a estudios jurídicos que crean sociedades anónimas offshore. Los inspecciones buscarán determinar si estos estudios, a través de la administración de sociedades, cooperaron con actividades delictivas.

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