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Los blancos llevan a ANCAP a la Justicia
Publicidad a radio de Quebracho que no trasmitía será denunciada
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06 de octubre de 2015 a las 05:00
A dos meses de iniciado el trabajo de la comisión investigadora de ANCAP, los blancos están convencidos de que hubo irregularidades en la gestión y al menos en un caso ya puede configurarse delito, aspecto que deberá resolver la Justicia.
El senador José Carlos Cardoso (Todos) adelantó ayer a El Observador que armó "una carpeta separada" del resto de la investigación con la denuncia que presentó en el Parlamento por la decisión del directorio de ANCAP –bajo la presidencia de José Coya– de pagar US$ 5.000 de publicidad a una radio comunitaria de Quebracho (Paysandú) que no estaba saliendo al aire.
Ese caso es el primero que está en la carpeta que llevarán a la Justicia, informó Cardoso.
Los blancos tienen, además, los correos electrónicos que intercambiaron la agencia de publicidad de ANCAP, La Diez, con la emisora comunitaria donde se confirmaba desde Paysandú la emisión de los anuncios sin control alguno.
"Todo era trucho", dijo Cardoso a El Observador.
Luego de analizar lo sucedido con los asesores que ayudan a los nacionalistas en la comisión investigadora, Cardoso planteó el tema ayer al mediodía al líder del sector, Luis Lacalle Pou, quien dio luz verde para ir a la Justicia.
A media tarde, Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter que existen "indicios delictivos en la comisión investigadora sobre ANCAP".
Por el momento, a la Justicia se presentarán únicamente los hechos que puedan configurar delito y no todo lo que surja de la investigación parlamentaria.
En el Frente Amplio el senador Marcos Otheguy, comentó en Metropolis FM que ANCAP pudo haber sido "engañada", y ayer en canal 12 responsabilizó a la agencia de publicidad (La Diez) de ser la encargada de controlar la emisión de la publicidad paga a la radio de Quebracho. Esa no es una tarea del directorio, explicó.
Para el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) "se cruzó la línea" y en un artículo publicado en el portal UyPress aseguró ayer que en ANCAP "se pasó el límite de la legalidad".
Para Mieres, además de una "mala administración", hubo irregularidades "que implican conductas de apariencia ilícita".
Antes de conocerse ese hecho puntual de la radio de Quebracho –que El Observador publicó el jueves pasado– el senador colorado Pedro Bordaberry había adelantado que el Partido Nacional ya tenía decidido ir a la Justicia.
Fuentes parlamentarias blancas informaron ayer que ese paso se dará luego de finalizada la investigadora en diciembre.
En el período pasado, el Partido Nacional, con el entonces senador Carlos Moreira, lideró las investigaciones sobre Pluna que terminaron con procesamientos de empresarios así como del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del expresidente del Banco República, Fernando Calloia.
Mientras tanto, en el Frente Amplio se hace una lectura política del trabajo parlamentario que revisa los números de la empresa estatal desde el año 2000 a 2015 y advierten que los ataques buscan mancillar la figura de políticos de izquierda.
En particular observan que se busca golpear al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, –expresidente de ANCAP en el período en que la empresa más se endeudó– y en alguna medida afectar a Daniel Martínez, el hoy intendente de Montevideo, que presidió la empresa en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010).
Sendic y Martínez son los políticos de la nueva generación del Frente visualizados como posibles candidatos presidenciales.
Ayer en canal 10, la senadora Lucía Topolansky (MPP) volvió a mencionar el objetivo político de la oposición en la investigadora, y antes, el 28 de setiembre en radio El Espectador, señaló que la gestión "puede ser opinable" pero en el fondo las diferencias son sobre las empresas públicas. "Algunos creemos en la necesidad de las empresas públicas y otros no", afirmó Topolansky.
Su colega Otheguy (Lista 711) también puso el ojo en las "dos concepciones" que hay sobre las empresas públicas y criticó al Herrerismo con el que identificó a Luis Lacalle Pou.
Afirmó que ese sector "tomó la decisión de perjudicar la imagen de ANCAP y de las empresas públicas porque no comparte que el Estado tenga empresas", dijo Otheguy.
Para el senador oficialista, al contrario de lo que piensan los blancos, hasta ahora, no hay elementos que fundamenten que hubo irregularidades en ANCAP.
El senador José Carlos Cardoso (Todos) adelantó ayer a El Observador que armó "una carpeta separada" del resto de la investigación con la denuncia que presentó en el Parlamento por la decisión del directorio de ANCAP –bajo la presidencia de José Coya– de pagar US$ 5.000 de publicidad a una radio comunitaria de Quebracho (Paysandú) que no estaba saliendo al aire.
Ese caso es el primero que está en la carpeta que llevarán a la Justicia, informó Cardoso.
Los blancos tienen, además, los correos electrónicos que intercambiaron la agencia de publicidad de ANCAP, La Diez, con la emisora comunitaria donde se confirmaba desde Paysandú la emisión de los anuncios sin control alguno.
"Todo era trucho", dijo Cardoso a El Observador.
Luego de analizar lo sucedido con los asesores que ayudan a los nacionalistas en la comisión investigadora, Cardoso planteó el tema ayer al mediodía al líder del sector, Luis Lacalle Pou, quien dio luz verde para ir a la Justicia.
A media tarde, Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter que existen "indicios delictivos en la comisión investigadora sobre ANCAP".
Por el momento, a la Justicia se presentarán únicamente los hechos que puedan configurar delito y no todo lo que surja de la investigación parlamentaria.
En el Frente Amplio el senador Marcos Otheguy, comentó en Metropolis FM que ANCAP pudo haber sido "engañada", y ayer en canal 12 responsabilizó a la agencia de publicidad (La Diez) de ser la encargada de controlar la emisión de la publicidad paga a la radio de Quebracho. Esa no es una tarea del directorio, explicó.
Para el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) "se cruzó la línea" y en un artículo publicado en el portal UyPress aseguró ayer que en ANCAP "se pasó el límite de la legalidad".
Para Mieres, además de una "mala administración", hubo irregularidades "que implican conductas de apariencia ilícita".
Antes de conocerse ese hecho puntual de la radio de Quebracho –que El Observador publicó el jueves pasado– el senador colorado Pedro Bordaberry había adelantado que el Partido Nacional ya tenía decidido ir a la Justicia.
Fuentes parlamentarias blancas informaron ayer que ese paso se dará luego de finalizada la investigadora en diciembre.
En el período pasado, el Partido Nacional, con el entonces senador Carlos Moreira, lideró las investigaciones sobre Pluna que terminaron con procesamientos de empresarios así como del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del expresidente del Banco República, Fernando Calloia.
Mientras tanto, en el Frente Amplio se hace una lectura política del trabajo parlamentario que revisa los números de la empresa estatal desde el año 2000 a 2015 y advierten que los ataques buscan mancillar la figura de políticos de izquierda.
En particular observan que se busca golpear al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, –expresidente de ANCAP en el período en que la empresa más se endeudó– y en alguna medida afectar a Daniel Martínez, el hoy intendente de Montevideo, que presidió la empresa en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010).
Sendic y Martínez son los políticos de la nueva generación del Frente visualizados como posibles candidatos presidenciales.
Ayer en canal 10, la senadora Lucía Topolansky (MPP) volvió a mencionar el objetivo político de la oposición en la investigadora, y antes, el 28 de setiembre en radio El Espectador, señaló que la gestión "puede ser opinable" pero en el fondo las diferencias son sobre las empresas públicas. "Algunos creemos en la necesidad de las empresas públicas y otros no", afirmó Topolansky.
Su colega Otheguy (Lista 711) también puso el ojo en las "dos concepciones" que hay sobre las empresas públicas y criticó al Herrerismo con el que identificó a Luis Lacalle Pou.
Afirmó que ese sector "tomó la decisión de perjudicar la imagen de ANCAP y de las empresas públicas porque no comparte que el Estado tenga empresas", dijo Otheguy.
Para el senador oficialista, al contrario de lo que piensan los blancos, hasta ahora, no hay elementos que fundamenten que hubo irregularidades en ANCAP.
