Miles de personas pasan por los juzgados uruguayos cada año y otros miles terminan tras las rejas. Algunos casos cobran mayor notoriedad por la relevancia de sus protagonistas, la novedad del delito o la repercusión que generan. El Observador seleccionó cinco investigaciones judiciales que marcaron este 2015.
A nivel judicial, el 2014 se cerró con un signo de interrogación que sigue abierto: ¿Quién o quiénes mataron a la adolescente argentina Lola Chomnalez? Su crimen y la investigación policial estuvieron en el ojo de la tormenta durante todo el 2015. En medio del desfile de sospechosos por el juzgado, Policía Científica trasladó en una caja para empaquetar bananas la mochila de la adolescente, encontrada 15 días después a 17 metros de su cuerpo, lo que dejó en falso a los investigadores.
Otras 261 personas fueron asesinadas en 2014 y, como sucedió con Lola, más de la mitad de los crímenes siguen impunes. El Ministerio del Interior informó en enero de 2015 que no pudo aclarar el 52% de los homicidios ocurridos el año anterior.
A un año de su muerte, este 28 de diciembre El Observador publicó un informe sobre los frenos y avances de la investigación, una entrevista a los padres y un escrito, de puño y letra de la adolescente, en el que contaba un dilema que enfrentó con 13 años: dedicarse a la acrobacia o al psicoanálisis.
Nacional y Peñarol empataron 1 a 1 por el torneo clausura el domingo 17 de mayo en el estadio Centenario. A pocas cuadras de allí, en el Parque Batlle, una banda de delincuentes secuestró a la ginecóloga Milvana Salomone y la mantuvo en cautiverio en un pozo de dos metros de largo por dos metros de ancho durante un mes. Tras días de negociaciones, la familia pagó US$ 300 mil para rescatarla. "Creí que se me terminaba la vida", declaró en el juzgado la ginecóloga después su ser liberada. A las pocas horas de su liberación cayó uno de los líderes de la banda, Gustavo Lepere, junto a otros cuatro integrantes, y la Policía recuperó US$ 250 mil.
El otro líder de la banda, Pedro Leone, se entregó en un bar de Carrasco una semana después. Los US$ 50 mil restantes nunca aparecieron. A raíz de este caso, la Policía informó que durante el año hubo decenas de secuestros.
El 24 de julio, un grupo de adolescentes infractores salió de sus celdas en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) y rompió la tapa de cemento de una cámara séptica. Con los escombros, dos adolescentes provocaron otras roturas y amenazaron a los funcionarios, que entraron al sector y reprimieron la revuelta. El procedimiento quedó filmado por las cámaras de seguridad y, luego de que la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, presentara la denuncia penal, el video fue divulgado por El Observador y otros medios el 5 de agosto. "Normalmente se actúa así", dijo ese día el presidente del Sindicato Único del INAU y vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, mejor conocido como Joselo, El Observador TV.
Semanas después, el juez Gustavo Iribarren procesó con prisión a 17 funcionarios por el delito de tortura y a otros nueve, entre ellos a López, sin prisión por el mismo delito. La mayoría de los procesados con prisión recuperó la libertad en los meses siguientes y apeló el fallo, que aún está a estudio de un Tribunal de Apelaciones.
El tupamaro Amodio Pérez se fue de Uruguay en 1972, sentenciado a muerte por sus excompañeros de guerrilla que lo acusaban de traidor, y ayudado por los militares, luego de que colaborara con ellos. Amodio regresó el 7 de agosto para presentar el libro "Palabra de Amodio, la otra historia de los tupamaros". La Policía llegó esa noche al hotel Sheraton, donde presentó el libro, para notificarlo que debía presentarse en el juzgado. Comenzó entonces un periplo que lo llevó por tres juzgados diferentes y que terminó el 14 de setiembre con su procesamiento con prisión, dictado por la jueza Julia Staricco, por reiterados delitos de privación de libertad cometidos previo al golpe de Estado de 1973. Antes de que llegara el fallo, Amodio protagonizó un debate televisivo en el programa Código País con el periodista Federico Fasano.
"Yo no soy un santo", advirtió Eugenio Figueredo en 2009 en una entrevista con Subrayado. Durante años, fue solo un rumor que el uruguayo trepó hasta la vicepresidencia de la Conmebol y la FIFA a fuerza de coimas y pactos mafiosos. En diciembre de 2013, siete clubes del fútbol uruguayo y la mutual de futbolistas lo denunciaron ante la Justicia por lavado de dinero, estafa y apropiación indebida por su pasaje por la Conmebol. A raíz de este denuncia, la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez comenzaron a investigarlo, pero Figueredo apeló la resolución y la investigación se llenó de obstáculos.
El 27 de mayo fueron detenidos en Suiza por orden de la Justicia de Estados Unidos siete ejecutivos de FIFA acusados de corrupción, entre ellos, Figueredo. Mientras Uruguay y Estados Unidos se disputaban su extradición, la jueza De Los Santos embargó nueve propiedades y, finalmente, ganó la pulseada: Figueredo llegó a Montevideo el 24 de diciembre y fue procesado con prisión ese mismo día por estafa y lavado de dinero. Su abogada, Karen Pintos, pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria, pero la petición no fue aceptada por la jueza. El expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol pasa los últimos días del 2015 en una celda de Cárcel Central. La Justicia retomará la investigación en enero en busca de los nexos del procesado en Uruguay.
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