Los homicidios en el gobierno de Mujica

Un documento de Fundapro destaca que en este gobierno se cometió la mayor cantidad de homicidios desde 1985 pero obvia otros datos y consideraciones

“Era Mujica cierra con el ciclo de Más violencia en democracia”, titula hoy el diario El País, informando sobre un documento del instituto Fundación Propuesta (Fundapro), que manejan allegados y dirigentes del Partido Colorado.
Se informa que la Fundapro señala que “por tercer año consecutivo” los homicidios volvieron a aumentar. Aunque la información no es oficial, parece ser una afirmación correcta. No es, en cambio, una afirmación que describa el contexto.

El informe de los colorados, que obviamente busca demostrar el fracaso de este gobierno en el tema seguridad, señala la evolución de los homicidios durante los gobiernos que hubo desde la recuperación democrática en 1985.

Julio Sanguinetti 785; Luis Lacalle 942 (“los blancos empeoraron la seguridad”, se podría afirmar); segundo gobierno de Julio Sanguinetti 1.100 (“los colorados empeoraron la seguridad” y, además, el sanguinettismo “no aprendió nada de la primera experiencia y los homicidios siguen aumentando”, se podría decir); Jorge Batlle 1.060 (“Opa, los colorados también pueden mejorar la cantidad de homicidios gracias al gobierno de Batlle” o ¿esto es efecto de las políticas aplicadas antes por el sanguinettismo?); Tabaré Vázquez 1.034 (“eso, la izquierda demuestra que se puede bajar y el gobierno de Vázquez tuvo menos homicidios que el de Sanguinetti y el de Batlle” o ¿esto es consecuencia de las políticas aplicadas por Batlle?).

En el actual gobierno van 1.263 a noviembre y lo que se ha dicho sobre este resultado aún no cerrado es de todo, y todo, obviamente, malo.
Uno puede creer que la seguridad pública es un elemento financiero o matemático donde los números son lo central y la evolución de estos atribuirlos a causas muy difícil de demostrar, o se puede tomar en cuenta o incorporar el relato de la vida cotidiana que produce efectos llevados luego al grado de teoría.

Entre el gobierno blanco (1990-95) y el de Batlle (1995-00) hubo una diferencia de 40 homicidios. Cuarenta en cinco años, cuarenta en 1.825 días. O sea, que se puede explicar esa diferencia por teorías sobre la seguridad o los comportamiento humanos o por el simple hecho de que la providencia quiso que 40 situaciones potencialmente en un total de 1.100 (un 3% del total), se resolvieron de otra manera, o sea, la moneda cayó en cara y no en cruz. Y en el quinquenio siguiente entre Batlle y Vázquez la diferencia fue de 26 homicidios menos a favor del frenteamplista. Veintiseis en más de mil homicidios cometidos en 1.835 días que duró esa administración.

Es correcto afirmar que ahora, durante el gobierno de Mujica la diferencia va a superar en casi 300 muertes a su antecesor. Es más que el resto, sí.

Se puede atribuir a un error en la estrategia (como el que presuntamente cometieron Sanguinetti en dos oportunidades y Lacalle en una), o a otras vicisitudes, algunas imposibles de saber e incluso de prever, y otras fácilmente constatables pero que, al parecer, no forman parte de este documento sobre los homicidios.

Si se toma el período post dictadura podría decirse que Sanguinetti dos veces y Lacalle en uno no pudieron con los homicidios pero Batlle y Vázquez sí. Es absolutamente real, pero un absurdo. También se podría decir que, aunque ya era muy baja, en los últimos dos años bajó la participación de menores en homicidios. Pero ese dato, en fin, mejor obviarlo.

Hay otro dato, que no es para nada positivo para el gobierno, que no aparece en esta publicación y es la característica de los homicidios, algo que, obviamente, las cifras no explican.

Hay un tipo de homicidio que creció en los últimos años (no es precisamente el de violencia doméstica, que también fue en ascenso) y que, para mal de males, afectó la tasas de aclaración de un delito tan grave.

No es el padre que mata a la madre o al hijo, ni el vecino desaforado que abate al que vive al otro lado de la cerca, ni el rapiñero que llega violento o se pone peor cuando encuentra resistencia. En esos homicidios, víctima y victimario tienen alguna relación que facilita la investigación o se trata de delincuentes tan quemados por esa muerte que le es difícil encontrar refugio y apoyo (no vengas a quemar los demás negocios de la zona).

Ahora son problemas de drogas, disputas por el territorio, negociaciones que salieron mal en una población donde el silencio cómplice es cultura y al que no se adapta le puede ir mal. Son los llamados ajustes de cuentas. En Casabó, por citar un caso, todos sospechan de dos menores por la muerte de ocho jóvenes, pero nadie da datos. Un balazo en la noche oscura y punto: no se conocían, no hay huellas no hay testigos.

Según algunos trascendidos, este tipo de homicidio superó ampliamente el 50% del total que se comete y provocó que la Policía, en vez de aclarar más del 80% de los homicidios, como había ocurrido en los últimos quinquenios, esté aclarando menos del 60% de las muertes violentas.

Parece un punto interesante, pero Fundapro hace punta con la cantidad de homicidios que habrá en este gobierno y aunque eso diga muy poco, impacta mucho.


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