Narcos usan a niños para llevar drogas de un barrio a otro

El combate a las bocas de pasta base suele pegar duro en la pareja y los hijos de los narcotraficantes, que quedan a la deriva en un ambiente donde la ley es el delito. El círculo es conocido: cuando el padre va a la cárcel, se corta el único ingreso familiar y la madre debe seguir con el negocio para mantener a la familia. Ante esta situación, el gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento para que, una vez que la Policía cierre una boca de droga, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se encargue de "la protección social de las mujeres, niños y adolescentes", lo que permitirá cortar "la reproducción" de las bocas.

"Los niños también suelen utilizados para transportar drogas; a veces vestidos de escolares y con sus mochilas, pasan droga de un barrio a otro", dijo el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado el martes, según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

El subsecretario planteó en la comisión que "algunas maestras de escuelas de contexto crítico (...) dicen que después de que los niños tienen confianza con ellas les dicen, por ejemplo: 'Maestra, me tengo que ir a las cinco de la tarde. No me puedo quedar ni un ratito más porque mi mamá tiene que vender droga y mi hermana hace la prostitución, y tengo que cuidar a mis hermanos menores'".

Vázquez aseguró que "eso se ha incorporado como una cuestión natural en la vida de las familias involucradas en este problema".

El gobierno propone en el proyecto de ley que está a estudio de la comisión aplicar "un mecanismo de protección social para evitar que el fenómeno de las bocas de venta de droga siga reproduciéndose en forma ampliada y, sobre todo, a expensas de mujeres y de los niños y adolescentes", explicó Vázquez, quien agregó que "hace muchos años que la Policía (...) dice: 'Realizamos un operativo con tal éxito. Detuvimos a cinco personas y dejamos a cuatro o cinco chiquilines sin padres'".

En ese momento, afirma, se activa la reproducción del delito en busca "sobrevivencia". "Hemos visto con enorme pesar que el crecimiento de casos de mujeres detenidas vinculadas al tráfico de drogas aumentó de forma exponencial", aseguró el subsecretario. Vázquez explicó que "proporcionalmente" es mayor el aumento de mujeres procesadas por estar vinculadas al tráfico de drogas que el de hombres procesados por otros delitos. "Nos preocupa mucho porque se involucra a veces a los menores en este negocio", explicó.

Para evitar que los niños se conviertan en mano de obra de los narcos el gobierno propone, en el marco del proyecto de ley titulado "Plan Integral de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado", que el Mides "haga un seguimiento, los sostenga, los ayude de alguna manera a salir adelante, incorporándolos a los planes que ya tiene para casos similares pero no vinculados al narcotráfico", dijo Vázquez.

El proyecto de ley convierte en inexcarcelable el delito de narcotráfico en grupos organizados (de tres o más personas). La senadora Constanza Moreira planteó en la comisión que le preocupa "el impacto de este proyecto sea un aumento de la población carcelaria de mujeres por microtráfico (...) pues se trata de mujeres pobres y, en general, la tasa de fecundidad es más alta y hay más niños involucrados en todo esto".

El consumo de cualquier droga no está prohibido en Uruguay, pero la cantidad que puede tener un consumidor queda, según la ley, sujeta a la "convicción moral" del juez. El proyecto que está a estudio del Parlamento establece un cambio y propone que la cantidad de droga que un consumidor puede tener "será valorado por el juez conforme a las reglas de la sana crítica". Ante una consulta del senador Pedro Bordaberry, el asesor ministerial Eduardo Florio explicó que la diferencia entre "convicción moral" y "sana crítica" radica en "determinado nivel de objetividad".