Los nuevos derechos y obligaciones que tendrán las víctimas del delito

Los cambios del Código del Proceso Penal permitirán que los afectados tengan voz y hagan valer sus derechos

Cuando a Graciela Barrera le mataron a su hijo Alejandro en 2009, pasó tres años siendo ignorada por la Policía, la Justicia y la sociedad, hasta que resolvió unirse con otras dos familias que padecían la misma invisibilidad y formaron la Asociación de Víctimas y Familiares de la Delincuencia (Asfavide).

Aún recuerda esos días con amargura. "Yo no quería lástima, ni que me dijeran 'pobrecita'. En ese momento no había nada que atendiera a la víctima. A nadie le importaba tu vida ", contó a El Observador en la sede de Asfavide.

Además de ser ignoradas, las víctimas están acostumbradas a pasar por largos procesos donde sus derechos son vulnerados una y otra vez mediante careos, interrogatorios y pericias, con la promesa de que, al final, encontrarán justicia.

Atendiendo estos problemas, el nuevo Código del Proceso Penal (ver recuadro), que entrará en vigencia en julio de 2017, pretende revertir el papel que tiene la víctima de un delito durante el proceso. En ese nuevo esquema se establece un conjunto de derechos para las víctimas y el deber de la Fiscalía de protegerlas y atenderlas.

"Antes no sabíamos nada del caso ni de la investigación. No éramos parte del proceso, no existíamos", reconoce Barrera, quien recordó las horas que pasó en los juzgados intentando saber algo del caso de su hijo, sin que el juez la recibiera. "Me decía que no me explicaba nada porque no iba a entenderlo", contó.

Con el nuevo código, las víctimas no deberán apelar a la buena voluntad de un juez o de un policía para saber cómo va la investigación o qué pasó con el delincuente, sino que ese será uno de sus nuevos derechos. Podrá tomar conocimiento del total de las actuaciones a nivel del proceso penal por medio del fiscal, que deberá informarla.

También tendrá derecho a proponer pruebas y pedir protección ante la existencia de amenazas tanto para ella como para su entorno.

Pero la víctima podrá hacer aún más: en caso de que el fiscal entienda que no hay mérito para continuar con el caso y resuelva archivarlo, podrá oponerse y tener libertad para pedir otras pruebas.

"La Fiscalía tiene que ocuparse de las víctimas en cuanto a lo que es atención y protección. Pero cuando la víctima quiere participar directamente en el proceso porque se opone a la actuación del fiscal, deberá tener un abogado", explicó a El Observador Patricia Marquisá, fiscal encargada de la implementación del nuevo código.

Defensa en disputa

El esquema procesal prevé que las víctimas que no puedan pagar un abogado tendrán derecho a una representación legal gratuita. Para eso se firmó un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) que prevé la instalación de un consultorio jurídico integrado por estudiantes de último año y tres docentes. Funcionarán desde julio del año que viene en la sede de Asfavide.

Según explicó a El Observador el decano de Derecho, Gonzalo Uriarte, los alumnos serán los encargados de asesorar a la víctima y presentar las actuaciones bajo la supervisión de los docentes, que serán quienes comparecerán ante el juez junto al cliente.

"No va a ser un consultorio monotemático porque las víctimas de la violencia no solo tienen problemas penales, sino que la afección producida por el delito tiene connotaciones en otras ramas del derecho como laborales o familiares. Cuando matan a un almacenero hay que ver qué pasa con su negocio, qué pasa con los hijos, con los empleados", explicó Uriarte.

El convenio firmado con Derecho prevé la instalación de un único consultorio en Montevideo que funcionará todo el año, salvo en la Feria Judicial.

Quienes también se preparan para la representación de las víctimas son los defensores de oficio, que tradicionalmente están del otro lado del mostrador patrocinando a los imputados. La presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Adriana Berezán, dijo a El Observador que "los defensores públicos están absolutamente capacitados para asistir a la víctima sea en un proceso civil como penal" y que no hay conjunción de intereses en esa tarea.

Para evitar que víctimas y delincuentes se encuentren en un mismo consultorio, se planea asignar un grupo de defensores dedicados solo a la representación de la víctima que funcione en un espacio físico diferente.

Berezán también fue crítica con que sean estudiantes de Derecho quienes asesoren a las víctimas porque "no cualquier abogado está preparado para el tratamiento" de esos casos. "Nosotros sí. Tenemos un bagaje de la formación en esta área que otros abogados no tienen", dijo.

El decano de Derecho recogió el guante y explicó que no pretenden "desplazar ni a la Defensoría ni a la Fiscalía", sino hacer una "actividad complementaria". También defendió la formación de sus alumnos y remarcó que tienen el nivel de abogados recién recibidos.

En países con un sistema acusatorio como el que Uruguay tendrá el próximo año, las víctimas no son defendidas por la Defensoría Pública, sino por organizaciones no gubernamentales para evitar cualquier conflicto de intereses, explicó Marquisá desde la Fiscalía. "Podemos pensar que las víctimas están más cerca del fiscal que del defensor, pero en cuanto a la preparación que tienen no me queda ninguna duda de que pueden hacerse cargo de la defensa de la víctima", dijo.

En lo que sí coinciden todos los actores del proceso es en que los cambios que se vienen estarán supeditados a un presupuesto acotado y a un cambio cultural que demandará tiempo.

"Hace siglos que venimos con una cultura inquisitorial y pasar a un sistema acusatorio no va a ser fácil. Los cambios no solo se dan en las normas sino en los operadores jurídicos que deberán realizar modificaciones profundas en su mentalidad".

Las claves del nuevo código

¿Cuándo entrará en vigencia? El nuevo código procesal se aplicará a partir del 16 de julio de 2017.

Proceso acusatorio. Será el fiscal y no el juez el que dirija la investigación.

¿Cuánto costará? Se destinarán $ 474 millones. Unos $ 20 millones se gastarán este año para capacitación, infraestructura y tecnología. En 2017 y 2018 se destinarán $ 166 y $ 188 millones respectivamente.

Audiencias. Serán orales y públicas.

Prisión preventiva acotada. El acusado esperará en libertad, salvo delitos muy graves, la condena del juez.


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