Los otros que pagan por el sistema carcelario

Las familias de las víctimas y de los presos, los guardiacárceles y los reclusos que no son bandidos

A los presos se los pena, pero las penas se reparten entre muchos otros, incluso sin comerlas ni digerirla.

La historia de la inseguridad es, de alguna forma, quizás de una forma central, la historia de las víctimas que en general aparecen perdidas en el relato del Uruguay violento. Las víctimas tienen diversas características y ubicación en el horizonte de la seguridad pública.

Las más elocuentes, pero no por ello bien consideradas ni tenidas en cuenta, son aquellas afectadas directamente por el hecho delictivo, las asesinadas, rapiñadas, golpeadas, violadas.

En 2013 el Parlamento aprobó una ley para contemplar a las víctimas y familiares de quienes hayan sido afectados por un episodio de violencia delictiva.

El artículo 2 de la norma dice que un 10% "de los ingresos salariales que perciban las personas privadas de libertad se destinará al Ministerio del Interior, a los efectos de fortalecer el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito".

Esto es -por lo menos- extraño, si se considera que la última encuesta de cárceles mostró que el 50% de los presos nunca tuvo un trabajo estable y dentro de prisión un 35% se niega a realizar tarea alguna.

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La ley también establece una pensión para los familiares de asesinados y personas que hayan quedado afectadas, que consta de un pago mensual equivalente a seis Bases de Prestaciones y Contribuciones (alrededor de $ 20 mil). Para cobrar hay que superar un largo camino burocrático que demuestre el origen de los males y la relación con la víctima.

Una víctima entre victimarios

Graciela, integrante de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, perdió a su hijo cuando fue asesinado hace siete años en una rapiña.

"Soy Graciela Barrera, la mamá de una víctima de la violencia", se presenta la mujer que cada jueves visita la cárcel para hablar con presos, según relató el periodista Leonardo Luzzi en una nota publicada por El Observador.

"No vengo a que me tengan lástima, yo no la tengo", les dice a los presos que se empiezan a arrimar, y agrega: "Hay una vida distinta para hacer. Mi hijo no puede salir de dónde está, ustedes sí. Tienen que saber que otras familias sufren, mi nieta sufre".

La señora de la prisión
Graciela Barrera logra que los presos de Punta Rieles la escuchen. D. Battiste
Graciela Barrera logra que los presos de Punta Rieles la escuchen. D. Battiste

Uno de los presos comenta: "Hay que tener valor para venir acá". Un preso pregunta y ella responde: "El dolor de perder un hijo nunca se va, es así. La vida es un hilo delgado y se puede caer para un lado o para el otro. Yo no doy sermones. Vengo a intercambiar ideas. Siempre hay una segunda oportunidad", les dijo.

Esto que Graciela hace por iniciativa personal es lo que en otros países hacen los centros de terapias de rehabilitación: conectan a la víctima con el victimario.

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El ex director de la Policía Nacional, Julio Guarteche, contó la experiencia de una cárcel israelí en la que en una ronda de presos un psicólogo puso una caja de vidrio con una serpiente adentro y metió un ratón vivo. Cuando la serpiente mordió al ratón, este se orinó y defecó, lo cual afectó a varios presos que vieron los efectos de la muerte en un cuerpo vivo. Si no hay empatía entre víctima y victimario -que es lo que intenta demostrar Graciela- esto no se soluciona, dijo Guarteche.

"Váyase y no me moleste"

Quien expuso con especial dramatismo el tema de la atención a las víctimas fue el fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien luego de que su exesposa fuera asesinada durante una rapiña declaró:

"El sistema procesal penal nuestro desprecia a la víctima. El manoseo al que se ven expuestas las víctimas de los delitos en este país es vergonzoso (...) No le reconoce ningún derecho, la usa como objeto de prueba. Le dice 'tráigame su cuerpo, su testimonio' y después le pega un voleo: 'Váyase y no me moleste'". Refiriéndose al código de proceso penal, la fiscal Beatriz Scapusio escribió en un trabajo académico: "No se concibe culturalmente otra pena diferente a la privación de libertad" y eso trae un altísimo costo económico con baja rehabilitación. Un preso le cuesta al Estado unos US$ 6 mil al año. La fiscal también considera que hasta ahora la víctima ha sido "la gran olvidada" y que "es el momento de permitir que ingrese al proceso penal con todos sus derechos, con la posibilidad de ser resarcida y de que determinados delitos se persigan solamente si la víctima quiere". Propuso que los delincuentes resarzan a la víctima, sobre todo en caso de delitos materiales.

Apresadores presos

"Voy por las celdas y pasillos oscuros en las que se encuentran varios reclusos: rapiñeros, ladrones, homicidas, violadores, delincuentes. El clima es complicado", relató un guardiacárcel del Comcar en una carta divulgada el año pasado por el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIFPOM). Los guardiacárceles son otras de las víctimas en este tema de la seguridad, quienes tienen que padecer una "vida deprimente" producto de la violencia carcelaria con la que, presuntamente, el Estado pretende combatir la violencia delictiva.

Guardiacárceles

El Ministerio del Interior dispuso atención psiquiátrica especial para una profesión que si bien es de riesgo por lo que implica en su tarea funciona, también lo es en sus consecuencias psicológicas: de cada cinco policía muertos, uno fallece en cumplimiento del deber y cuatro se suicidan.

En la carta divulgada por el sindicato policial el guardiacárcel afirma que "es normal caminar por los pasillos infestados de ratas y otras pestes. Uno se siente humillado cuando debes abrir una celda por la tarea que fuera y se te cae encima un enjambre de cucarachas".

El policía cuenta que sus compañeros suelen contraer sarna, piojos infecciones en la piel y tuberculosis por el ámbito sanitario en el que trabajan.

"Imagínense esta vida deprimente, personas que son altamente conflictivas, que tienen problemas con todos aquellos que los rodean, con la sociedad entera, con sus familias, que se autoflagelan, se abusan sexualmente, que ingieren objetos de todo tipo, que generan hechos de peligrosidad para el resto, que desconocen cualquier límite, moral o ley; con adicciones, que se agreden y agreden porque es su cotidianeidad", expresa en la carta el policía

Es verdad que los presos ingieren cosas de todo tipo; El Observador conversó con un recluso que en procura de lograr traslados o pase a enfermería se tragó cucharas, alfileres y alambres.

El gobierno creó el cargo de guardia penitenciario y el objetivo es que con el tiempo esta figura, preparada especialmente para la función, vaya sustituyendo a los policías que desempeñan normalmente esa función.

La familia cautiva

Las colas que familias enteras hacen para entrar a las cárceles y visitar a sus familiares presos son a veces tan largas que prefieren llegar un día antes de la visita y acampar en los alrededores, contó el comisionado de cárceles Juan Miguel Petit.

A veces las colas son de dos horas, otras veces llegan a ocho. Una vez que les toca el turno, mujeres, hombres y niños deben desnudarse, abrir sus cavidades y las mujeres ponerse en cuclillas y toser. Más víctimas.
Cárcel familiares cola visita

En ocasiones las familias de algunos presos son utilizadas como rehenes por reclusos pesados que le piden a otros peajes. Les dicen que saben donde vive su familia a qué escuela va su hijo.

Una estratagema utilizada por algunos presos es que cuando llega un novato, le prestan un celular para que se comunique con su familia. Con ese número de teléfono registrado en el celular, el otro preso se comunica con la familia del incauto y le dice que si no lleva plata o droga matarán a su hijo o esposo.

Abundan los casos en que familiares intentaron ingresar droga o tarjetas de celular en la vagina. En 2015, 170 personas fueron procesadas por tratar de entrar droga a las prisiones, un ritmo de casi uno cada dos días. No obstante, testimonios de familiares de presos aseguran que todo lo que está prohibido entrar suele ser ingresado por la propia guardia policial.

El sistema no se la hace fácil a las familias que en ocasiones dejan sus únicos ingresos en los viajes al Comcar o a Libertad (departamento de San José), ya que no se permite que las autoridades de institutos penales reciban en Montevideo encomiendas para trasladarlas desde allí a las prisiones. Hay que ir a la cárcel. Los niños, si quieren ver a sus padres o madres (10 mil menores tienen a sus progenitores tras las rejas) deben faltar a clases para hacerlo.

Especial Cárceles: el cerrojo de la seguridad pública, aquí


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