Los paros y la gente

El gobierno debería unificar su discurso y su acción; siempre el paro debe ser una medida de última instancia
El paro de gasolineras durante el lunes 21 y martes 22 no cayó bien, como era obvio, en esferas del gobierno. El ministro Astori señaló a radio Uruguay que el paro de lunes y martes "no toma en cuenta los intereses de la gente y eso no debería ser así". Y reafirmó que el cambio en la paramétrica "es mejor desde muchos puntos de vista, en primer lugar para ANCAP". Ergo, no debe ser bueno para los estacioneros a quienes ANCAP les vende el combustible y es lógico que en la Unión de Vendedores de Nafta estén preocupados por la rentabilidad de su negocio, como toda cámara u organización gremial a la que se le alteran las reglas de juego en forma unilateral.

Pero no es el tema de la paramétrica o de los márgenes de los vendedores el tema que hoy nos ocupa sino la afirmación del Ministro de Economía de que el paro "no toma en cuenta los intereses de la gente y que esto no debería ser así". No se puede menos que coincidir con el ministro, máxime cuando la población viene de estar sometida el fin de semana precedente, no ya a un paro, actividad legal según el artículo 57 de la Constitución de la República, sino a una suerte de piquetes organizados en muchos centros comerciales del país.

Piquetes que, no cabe duda, son manifiestamente ilegales y contrarios, además, a las normas de la OIT que nuestro gobierno manifiesta respetar. De hecho, como ha recordado Matías Pérez del Castillo en su columna publicada el jueves 24 en este diario, "el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha sido categórico respecto de la ilegalidad del piquete duro, recordando que la huelga debe respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en sus instalaciones".

De más está decir que el gobierno nacional nada dijo y nada hizo contra esos piquetes ilegales, que obviamente no solo "no toman en cuenta los intereses de la gente" (para usar la expresión acertada de Astori) sino que tampoco respetan los intereses de los trabajadores no huelguistas ni de los directivos de las empresas.

Es evidente que los paros "no toman en cuenta los intereses de la gente" (los piquetes menos aun) y por ello los gremios recurren a paros generales, a paros sorpresivos de transporte cuando se produce un ataque a un trabajador del transporte, a paros de docentes que dejan a miles de niños sin clases que nunca se recuperan, a trabajo a reglamento. Los harán en defensa de sus derechos frente a la patronal o frente al Estado. Más bien, los paros toman a la gente de rehén para que un tercero –gobierno o empresarios– haga algo que los manifestantes desean. Y siempre se deja de lado los intereses de la gente.

Más aun, como se deja de lado los intereses de la gente, es que se espera la reacción del tercero presionado por la gente que carece de combustible, de transporte, de supergás, de clases, de transporte, de recolección de basura, etcétera.
Lo que resulta extraño, si se quiere, es el doble estándar que aplica el gobierno. Calla y otorga ante los piquetes ilegales pero se molesta ante un paro legal. Prohíbe ocupaciones en edificios u oficinas públicas pero las permite en los privados. Se queja por la falta de expedición de nafta pero no hace lo mismo cuando falta supergás.

La gente siempre está de rehén. A veces con medidas legales, otras veces con medidas ilegales o intempestivas (como los paros de transporte). Pero ni siquiera en estos últimos casos el gobierno interviene para restablecer el orden o proteger los derechos individuales afectados.

Una vez actuó para decretar la esencialidad en la enseñanza, ante medidas patoteras del personal docente y no docente, y en menos de dos días dio completa marcha atrás.

De ahí que el gobierno debería unificar su discurso y su acción. Siempre el paro debe ser una medida de ultima instancia. Siempre es preciso erradicar el piquete y la ocupación, armas que se usan cuando son pocos los trabajadores que quieren tomar un camino de confrontación y saben que no tienen el apoyo de la mayoría.

Es muy fácil hacer un piquete frente a un supermercado con 30 personas; es mucho más difícil convocar a una huelga que tenga respaldo mayoritario de todo el personal. Por eso, el camino fácil son los piquetes y las ocupaciones que, además de no contemplar "los intereses de la gente" atacan derechos fundamentales de otros trabajadores y de los empleadores.

Es hora de poner coto a estas prácticas manifiestamente ilegales y de fomentar un clima de diálogo entre las partes en que las medidas de fuerza sean la última instancia y no la primera.

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