Desde que empezó a funcionar la comisión investigadora de Ancap, la oposición propuso poner la lupa sobre algunos temas. Incluso, en algunos casos tiene previsto presentar una denuncia ante la justicia penal.
Para la inauguración de la planta desulfurizadora en la refinería de La Teja, se realizó una fiesta que costó US$ 370 mil, según lo denunció el Partido Nacional, que accedió a la boleta con los gastos. Para el evento vino la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y estaba el presidente de Uruguay, José Mujica. La oposición consideró excesivo ese gasto y puso la mira en el trabajo de la agencia de publicidad La Diez. Según la boleta, por el alquiler de las carpas, pisos y tarimas se pagaron US$ 122.470. Por los baños, dos ambulancias y guardias de seguridad se pagaron US$ 19.500.
Planta de ALUR
Los partidos de la oposición, en particular los blancos, sospechan que en la construcción de la planta de ALUR de Paysandú (que costó US$ 147 millones) pudieron pagarse sobreprecios. Empresarios privados –que no participaron de la selección de empresas por presentarse fuera de tiempo– denunciaron en el Parlamento que esos trabajos costaron bastante más de lo que indica el mercado. El senador del Frente Amplio, Leonardo de León, dijo que esos empresarios “son unos fantasmas”.
Cheques de Pluna
El gerente de servicios jurídicos de ANCAP, Leonardo Bianchi, reveló en el Senado que antes de hacerse público el pago de la exaerolínea Pluna con cheques a 180 días en el año 2012, hubo episodios anteriores donde la aerolínea utilizó esa modalidad de pago irregular que investiga la Justicia. La deuda de Pluna con ANCAP por combustible no pago ronda los US$ 30 millones.
La empresa de publicidad La Diez fue cuestionada por la oposición y también por las agencias que perdieron en el proceso de selección. Se le acusó de haber colocado en sus antecedentes trabajos que realizaron otras agencias de publicidad. ANCAP manejó a través de La Diez una inversión en publicidad y donaciones de US$ 10,7 millones en dos años.
ANCAP invirtió en sus plantas de cal, que siguen dando pérdidas. El negocio se pensó para el mercado local y de Brasil. Se firmó un acuerdo con una filial de Eletrobras, cuyo director ahora es investigado en el país norteño por corrupción. Se trata de Valter Cardeal, un hombre cercano a la presidenta Dilma Rousseff.
ANCAP mandó a construir a la Armada dos barcazas y un remolcador. En el Parlamento se informó que esa inversión fue de US$ 12,5 millones, pero luego surgió que se pagaron US$ 14,8 millones. El remolcador aún no funciona y ANCAP pagó en dos años US$ 5,5 millones en arrendar otros remolcadores. Los senadores se preguntan quién se beneficia si ANCAP mantiene fuera de servicio a su remolcador. Según la Armada, desde setiembre de 2014, el remolcador está listo para usar.
En la comisión investigadora surgió que ANCAP realizó importaciones de petróleo y butano que no fueron registradas en Aduanas. Apenas iniciada la investigación, ANCAP empezó a regularizar ese trámite. Se estudia si se pagaron todos los impuestos y si se está ante una infracción aduanera.
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