Lula da Silva. AFP<br>

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Lula declaró por cinco horas ante el juez Sergio Moro por escándalo de corrupción en Petrobras

Moro busca determinar si Lula es propietario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo
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10 de mayo de 2017 a las 20:00

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva prestó declaración el miércoles en Curitiba (sur) durante unas cinco horas ante el juez anticorrupción Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras, en un juicio que puede abortar sus pretensiones de volver al poder en 2018.

El interrogatorio del exmandatario de izquierda (2003-2010), de 71 años, empezó poco después de la hora 14 y concluyó después de la hora 19..

La ciudad de Curitiba vivió una jornada de tensiones, con miles de partidarios de Lula en sus calles y un fuerte despliegue de seguridad.

La audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas y su filmación debería liberarse en unas pocas horas.

Los abogados hablarán con la prensa y Lula podría dirigirse a sus partidarios.

Al llegar al tribunal el exsindicalista y cofundador del Partido de los Trabajadores (PT), vestido de traje oscuro y corbata con los colores de Brasil, saludó a los manifestantes, que coreaban: "¡Lula guerrero del pueblo brasileño!".

La policía vedó el acceso a quienes no tuviesen que ver con el proceso, e incluso a los residentes de esta zona de Curitiba, denominada ya la "capital de la Operación Lava Jato", por el nombre de la investigación que develó una red de sobornos pagados por constructoras a políticos y partidos para obtener licitaciones en la estatal Petrobras.

Moro busca determinar si Lula es propietario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo, que habría recibido de la constructora OAS a cambio de "ventajas indebidas".

La sentencia debería conocerse en un plazo de 45 a 60 días, aunque algunos analistas apuntan que podría ser en apenas un mes.

El expediente, conocido como el "apartamento de Guarujá", es una de las cinco acusaciones que hasta el momento pesan contra Lula por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

De acuerdo con las leyes brasileñas, Lula no podría postularse a las elecciones de octubre de 2018 si una eventual condena es ratificada en segunda instancia. Este proceso suele demorar un año.

El exmandatario niega todos los cargos y afirma que se trata de una persecución para impedirle volver al poder. Los sondeos dan a Lula ampliamente ganador, aunque también muestran que es uno de los políticos con mayores índices de rechazo.

Moro, de 44 años, considerado un ícono de la lucha contra la corrupción, había instado a sus admiradores a permanecer en sus casas para evitar enfrentamientos.

Pero no todos siguieron sus consejos y algunos grupos se manifestaban con un muñeco gigante que figuraba a Lula vestido de presidiario, al grito de "Lula, ladrón, tu lugar es la prisión".

"Hoy es un día importantísimo, porque una personalidad de la importancia de un expresidente está aquí como acusado y no como invitado", afirmó Marli Resende, una profesora jubilada, de 59 años.

El presidente conservador Michel Temer, acusado de "golpista" por el PT, llamó el miércoles a superar la polarización del país, en recesión desde hace dos años y con un índice récord de desempleo de 13,7%, o 14,2 millones de desocupados).

Los brasileños tienen que "eliminar cierta rabia", dijo Temer en Brasilia. "Necesitamos pacificar el país. Necesitamos tener más tranquilidad. No podemos permanecer en nuestra posición de permanente enfrentamiento entre brasileños", declaró, sin referirse expresamente al proceso de su predecesor, que durante años fue también su aliado.

La batalla entre sus partidarios y adversarios arreciaba en las redes sociales, a través de las etiquetas "#LulaEuConfio" (Confío en Lula) y "#MoroOrgulhoBrasileiro" (Moro, orgullo de Brasil).

En el primero de ellos se expresó Dilma Rousseff, su heredera política, destituida en 2016 bajo la acusación de manipular las cuentas públicas, que viajó a Curitiba para arropar a su mentor.

"Ya estoy en Curitiba para expresar mi solidaridad total al presidente Lula (...). La verdad se impondrá", tuiteó la expresidenta.

"Para mí, (Lula) es inocente. Si hubiese algo concreto en su contra, ya estaría preso. Lo que aquí se plantea es una lucha de clases", dijo a la AFP Gerson Castellano, un militante sindical del sector petrolero de 50 años.

La fiscalía acusa a Lula de haber recibido 3,7 millones de reales (1,16 millones de dólares al cambio actual) de OAS, incluyendo el apartamento de Guarujá y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre 2011 y 2016.

El presidente más popular de Brasil

Lula da Silva fue el presidente más popular de Brasil (2003-2010) y es favorito, según las encuestas, para las elecciones de 2018.

Pero las acusaciones de corrupción pueden arruinar la suerte de este mítico exobrero metalúrgico.

El patriarca de la izquierda brasileña, de 71 años, que dejó la presidencia con un 80% de popularidad, se considera víctima de una persecución judicial y mediática.

Todo, con el único objetivo de acabar con su carrera política y evitar que el Partido de los Trabajadores (PT) vuelva al poder tras la destitución de su ahijada política, Dilma Rousseff, en 2016.

Admirado para unos y abusivo para otros

Un cruzado que quiere rescatar a Brasil de la corrupción endémica o un puritano que criminalizó la política: el juez Sergio Moro llegó ayer a la última frontera de su investigación sobre el poder, el expresidente Lula.

Con su decisión de sentar al histórico líder de la izquierda en el banquillo de los acusados por corrupción, el magistrado suma el capítulo más trascendente de una saga que empezó hace más de tres años con la apertura de la Operación Lava Jato, un caso que recaló en su bastión judicial de Curitiba.

Desde entonces, su estrella creció al ritmo de las escandalosas prácticas que fueron reveladas por su juzgado acerca del multimillonario fraude que desangró a la estatal Petrobras y que se convirtió en la mayor investigación sobre corrupción en la historia.

En sus redes cayeron desde exdirectivos de la petrolera a los dueños de las mayores constructoras del país, pasando por políticos de alto y bajo calibre en movimientos que poco a poco estrecharon el cerco sobre una de las figuras intocables de la política latinoamericana.

Moro ordenó a la policía irrumpir en la casa de Lula el 4 de marzo de 2016 para llevarlo a declarar por la fuerza en Sao Paulo y ese mismo mes divulgó una conversación entre el exmandatario y su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016), que sugería que buscaba nombrarlo ministro para darle fueros que lo protegieran de la justicia ordinaria. Lula juró en su nuevo cargo, pero nunca pudo asumir.

La corte suprema lo bloqueó tras la divulgación del audio, pero la legalidad de su decisión fue duramente cuestionada.

"Estoy asustado con la República de Curitiba. Porque a partir de un juez de primera instancia todo puede ocurrir en este país", afirmó Lula en una conversación telefónica pinchada, y difundida, con autorización del magistrado.

Esa frase transformó a la ciudad sureña en sinónimo de justicia para quienes apoyan la causa y antagonizan con Lula.

Moro nació hace 44 años en Maringá (Paraná), se graduó en derecho y convirtió en juez en 1996. Además de profesor universitario, completó su formación en Harvard.


Es admirado por muchos de sus colegas, que lo definen como un juez rápido para decidir, preparado y resuelto.

En cambio, sus detractores, lo ven abusivo en el uso de la prisión preventiva y politizado como para pretender anular a Lula como candidato presidencial para 2018.



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