Lo que intenta Lula con la jefatura de la Casa Civil es articular una negociación parlamentaria en busca de los votos que bloqueen el impeachment. Lo último que busca es su interés personal: de hecho, busca ayudar al gobierno poniendo su poder y su prestigio en juego.
Si triunfara el impeachment la Presidencia quedaría en manos de Michel Temer, el Vicepresidente de un partido (PMDB) que acumula tantas o más denuncias de corrupción que el resto de los partidos y que ha sido socio de todos los gobiernos sin distinción política o ideológica. ¿Qué se gana teniendo a Temer de presidente? Nada. Sólo empeora.
Ahora, interpretar que el ex-presidente llega para salvarse a si mismo es un análisis tan poco serio que solo la mala intención puede explicarlo. Lula ya ha declarado muchas veces en la Justicia y si hubiera querido tener inmunidad hubiera sido parlamentario. La prisión preventiva a Lula, por otra parte, es un despropósito.
Las razones que existen en Uruguay, por ejemplo, para determinar prisión preventiva son el riesgo de fuga o la posibilidad de obstaculizar la investigación. Ninguna de estas se aplica al expresidente (no se va a fugar, y su posibilidad de "obstaculizar" la investigación no deja de existir porque este preso). Por consiguiente sólo puede interpretarse el pedido de prisión preventiva como una acción política, que busca en la espectacularidad del proceso influir sobre el proceso político en curso.
Debe aclararse asimismo que Lula no se volverá "inmune" porque su calidad de ministro no lo inhibe de declarar ante el STF (Supremo Tribunal Federal) y ser jugado por el. La causa que se le inicia está en primerísima fase, solo es una acusación por ahora y por eso la prisión preventiva es un disparate.
La gente mal interpreta la inmunidad igual que los fueros. Nadie está libre de la justicia: es un principio republicano.
Finalmente, la escucha telefónica de las autoridades en cualquier país (en el nuestro también) esta regida por leyes muy estrictas. En el caso de las autoridades nacionales (parlamentarios, presidente, entre otros) debe solicitarse formalmente a las más altas autoridades jurídicas (como en el Uruguay la Suprema Corte de Justicia). Y jamás se hace pública, porque es un instrumento de un proceso que esta en reserva.
Es un disparate que una escucha judicial que está en la reserva del proceso judicial sea dada a la prensa.
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