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Macri investigado por perdonar millonaria deuda de su padre al Estado
El acuerdo le permite a Franco Macri ahorrarse hasta US$ 4 mil millones. Las claves del caso
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14 de febrero de 2017 a las 16:36
Un fiscal argentino presentó el martes una denuncia judicial contra el presidente Mauricio Macri por supuesto perjuicio al Estado en el arreglo de una deuda contraída por Franco, su padre, después de que en 2001 la empresa familiar declarara la quiebra del Correo, que administraba en concesión.
El fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Mauricio Macri y a varios altos funcionarios por haber aceptado un acuerdo que supone una importante rebaja de la deuda del Correo Argentino, cuya concesión tuvo el Grupo Macri desde 1997 a 2003, cuando fue estatizado. El fiscal presentó su denuncia antes el juez Federal Ariel Lijo.
El gobierno argentino había pedido horas antes a la Justicia tomar en forma "urgente" el polémico arreglo, luego de negar que haya conflicto de intereses como sostienen las denuncias políticas por corrupción.
"Pedimos una audiencia urgente de la Cámara Federal (apelaciones) para que lo aborde (el caso) de manera integral. Es un tema técnico-judicial, no político", dijo en rueda de prensa el jefe de gabinete, Marcos Peña.
"Acá se ha obrado según la ley en el marco de una discusión judicial y con total transparencia en todo el proceso. El presidente no ha intervenido", dijo Peña.
Acompañado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, Peña anunció que, "para evitar cualquier tipo de duda respecto a posibilidades de conflicto de intereses", el gobierno pedirá a la Auditoría General de la Nación (manejada por la oposición) que haga un informe técnico sobre cualquier acuerdo a ratificar.
Asimismo, apuntó que pidieron a la Cámara Federal de Justicia que revise de forma integral el proceso -que incluye varios juicios cruzados- y Aguad se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso para explicar las actuaciones de su cartera, responsable de intervenir en nombre del Estado en las negociaciones.
Cómo fue el acuerdo
La conmoción estalló hace 7 días al revelar la fiscal de la cámara, Gabriela Boquín, un acuerdo de junio de 2016 con el poderoso Grupo Macri por compromisos impagos.
La deuda se remonta a cuando la empresa familiar tuvo la concesión del estatal Correo. Es "ruinoso", "abusivo", "inadmisible" y "equiparable a una condonación del 98% de la deuda", dijo Boquín.
La deuda era de $ 292 millones (la misma cantidad en dólares, cuando regía la ley de la convertibilidad cambiaria, muy lejos de los casi $ 16 a los que cotiza ahora) en 2001, cuando el Correo declaró su quiebra. Ahora el acuerdo omite actualizar el monto pese a que la inflación desde entonces fue de 700%.
Se pagaría en cuotas al 7% anual de interés hasta 2033, un porcentaje muy por debajo de lo que cobra cualquier banco argentino.
Decidir la legalidad o no del acuerdo está en manos de la Cámara Federal. El Correo fue dado en concesión en 1997. Era la política de privatizaciones del gobierno peronista de Carlos Menem (1989-99).
En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, y ante la millonaria deuda se decretó rescindir el contrato de concesión de los servicios postales oficiales.
Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) no se logró cerrar el litigio.
Las acciones de la empresa concesionaria fueron repartidas por su líder, Franco Macri, padre del Presidente argentino, entre sus tres hijos, uno de ellos Mauricio. El presidente, a su vez, transfirió su parte accionaria a sus hijos.
Aguad reiteró que "jamás" consultó las negociaciones con el presidente porque "tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde esté involucrado algún familiar".
Los ministros apuntaron que la única intención del gobierno fue solucionar el problema lo más "rápidamente posible" porque el paso del tiempo perjudica los intereses del Estado y que en ningún momento fue una cuestión "política" sino un tema "técnico-judicial", manejado por los equipos legales. estatales.
"Claramente tienen un conflicto de intereses. Lo mejor que podría hacer el oficialismo es dar marcha atrás. Es todo muy grotesco y escandaloso, Macri tiene intereses personales. Debería mandarlo al Congreso", dijo Marco Lavagna, diputado del peronista Frente Renovador, en declaraciones a radio FutuRock.
El acuerdo fue también objeto de una denuncia por parte de otro procurador -el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez- y la Oficina Anticorrupción (OA) anunció la semana pasada que estudiará si hubo conflicto de intereses.
"La demanda de la sociedad es muy alta en materia de ética y de transparencia, hay una sensibilidad muy grande. Hay que dejar que se haga el trabajo profesional y técnico que la ley nos manda hacer", comentó hoy la responsable de la OA, la oficialista Laura Alonso, en declaraciones a radio La Red.
Las claves del caso
¿"Ruinoso?"
El gobierno acordó con el Grupo Macri, del padre del presidente, un plan de pago de una deuda que era de $ 296 millones argentinos (igual en dólares). Es por la quiebra en 2002 de la empresa estatal Correo Argentino ya que la familia Macri tenía la firma en concesión. En junio pasado se llegó a un acuerdo para un plan de pago hasta 2033. La fiscal de la Cámara Comercial (alzada), Gabriela Boquín, investigó el caso y este jueves lo cuestionó al afirmar que es "ruinoso" para el Estado, "abusivo", "inadmisible" y "equiparable a una condonación de deuda". Sostiene que hay que actualizar la deuda y no tomarla a valores congelados a 2002 como hizo el gobierno.
Un peso, un dólar
La deuda era en pesos o dólares por el tipo de cambio fijo "uno a uno". Aquella convertibilidad duró 11 años y colapsó en 2001. En 2002 volvieron las devaluaciones. La fiscal tomó en cuenta que la inflación acumulada desde entonces fue de 700% para actualizar la deuda. Al llegar al gobierno, los Kirchner (primero Néstor en 2003 y después Cristina, de 2007 a 2015) estatizaron la empresa quebrada. Entraron en una batalla jurídica con Correo Argentino, controlada por el Grupo Macri, por el monto de la deuda. Nunca lograron acordar.
Decide el juez
El acuerdo al que llegaron el gobierno y Correo Argentino en 2016 significa pagar cuotas en pesos a un interés de 7% anual. La Procuración General (fiscalía de Estado) dijo que si la deuda se cobrara ahora, supone una quita de $ 4.000 millones (unos US$ 250 millones). Como se termina de pagar dentro de 16 años, la quita llegaría a $ 70.000 millones (US$ 4.375 millones). Según expertos en Derecho, será un juez quien fijará si la propuesta aceptada es fraudulenta o legal.
En otra reacción oficial, la Oficina Anticorrupción (OA) comenzó este viernes a "analizar el acuerdo" para "solicitar información a los funcionarios involucrados", anunció la titular del organismo estatal, Laura Alonso, en declaraciones a radio Mitre.
¿Sin quita?
El ministro de Comunicaciones del gobierno, Oscar Aguad, dijo que "no hay ninguna quita". Pero declaró: "Estoy dispuesto a escuchar alternativas de la oposición. Los $ 296 millones serán ahora $ 600 millones. Yo no puedo recuperar los 3.000 millones que se perdieron (por no actualizar la deuda). Yo asumí la responsabilidad porque puedo incumplir con los deberes de funcionario público si no defiendo el patrimonio del Estado. La deuda se estaba licuando. ¿Cómo íbamos a cobrarla? Si seguíamos demorando, esa deuda no existe más. Las leyes favorecen al deudor".
