Opinión > editorial
Macri tiene razón sobre Venezuela
La propuesta del presidente electo argentino Mauricio Macri de que el Mercosur sancione a Venezuela se fundamenta claramente en el texto del compromiso democrático del bloque regional. Pero es incierto el destino de su planteo, ya que requiere ser aprobado por los otros tres miembros. Además de Argentina, lo acompañará probablemente Paraguay, víctima en 2012 de un injustificado recurso a la cláusula democrática. Ese año fue suspendido como miembro del Mercosur por decisión de las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, acompañadas a regañadientes por el expresidente José Mujica, con excusas sin fundamento jurídico y solo para darle entrada al régimen venezolano que encabezaba Hugo Chávez. Pero se necesitaría también un cambio de posición del gobierno de Brasil y acuerdo del de Uruguay.
La administración Vázquez, a través del canciller Rodolfo Nin Novoa, ya ha adelantado que “no están dadas las condiciones” para que el bloque actúe contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero esas condiciones están sobradamente dadas según la cláusula democrática incorporada a la normativa del Mercosur en una cumbre en Ushuaia el 24 de julio de 1998. Su texto establece no solo que se suspenderá a un socio y se le podrán aplicar sanciones económicas y cierre de fronteras en caso de quiebre de la estabilidad gubernamental. Dispone también iguales medidas punitivas cuando no exista la “condición esencial” de “la plena vigencia de las instituciones democráticas”.
La ausencia de esa “plena vigencia” en Venezuela es irrefutable. Dirigentes políticos opositores de primera línea, como Leopoldo López y otros, cumplen penas de prisión en instalaciones militares, luego de espurios juicios sumarios. Otros son abiertamente perseguidos por el régimen de Maduro. Manifestaciones callejeras contra el absolutismo chavista han sido reprimidas a sangre y fuego, con decenas de muertos, generando condena de organismos internacionales. La libertad de expresión está claramente cercenada, con la clausura de medios de comunicación y restricciones a otros al impedirle importar los insumos necesarios para su funcionamiento. Y excepto por una exigua misión de Unasur, el gobierno chavista rechazó la presencia de observadores internacionales que aseguraran la dudosa transparencia de las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
Es notorio que la situación represiva de libertades y derechos en Venezuela habilita que se invoque lo dispuesto en el Protocolo de Ushuaia del Mercosur, documento más pertinente que la cláusula democrática incorporada en 2010 a la estructura de la Unasur. Este organismo sudamericano, gestado a instancias de Chávez como contrapeso a Estados Unidos, limita las sanciones a miembros donde se quiebre o se intente quebrar la democracia. Esta cláusula fue aprobada a raíz de un intento de golpe de Estado contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa.
Pero si bien no sería factible sancionar al régimen de Maduro bajo la normativa de la Unasur, ciertamente corresponde hacerlo de acuerdo al Protocolo de Ushuaia del Mercosur. Esto le da la razón a Macri en su planteo. Pone en la cuerda floja, en cambio, la posición del gobierno uruguayo que –al argumentar que no están dadas las condiciones para actuar contra Venezuela– presupone, por derivación implícita, que en el feudo de Maduro rigen plenamente las garantías democráticas.
