Mal antecedente de las PPP

La ley fue aprobada bajo la administración Mujica por una virtual unanimidad esperanzada de todo el sistema político. Su fundamento formal era recurrir a inversores privados que, a cambio de un adecuado retorno financiero y en asociación con el Estado, se hicieran cargo de obras que el sector público no podía financiar por sí solo. Pero la puesta en marcha de un buen sistema se trancó por inconvenientes prácticos que la ley no previó. Uno fue el enredado deambular de cada proyecto por diferentes oficinas públicas, en las que la mentalidad burocrática de muchos jerarcas crea obstáculos, demoras y observaciones de todo tipo. Esta situación fue consecuencia de no haber anticipado la necesidad de contar con el asesoramiento y la asistencia de técnicos extranjeros que actuaron en las experiencias exitosas en PPP en países como Gran Bretaña, Australia y Canadá. Se agregaron airadas protestas sindicales y políticas contra presuntas privatizaciones de espíritu mercantilista.

Y faltó en todo momento autoridad ejecutiva de los dos últimos gobiernos del Frente Amplio para superar esas dificultades. El ministro de Obras Públicas, Víctor Rossi, ha reconocido como “un disparate” la lentitud en los proyectos PPP. En marzo de 2015 había afirmado que entre ese año y 2016 se completarían por lo menos cuatro proyectos por PPP, además de la cárcel. En abril de 2017 no se ha concretado ni uno solo. Los fracasos más emblemáticos se dan en educación y salud. Pasó marzo sin que se cumpliera ese plazo para un segundo llamado para construir centros educativos y otras obras, con una inversión de cerca de US$ 500 millones. Poner en marcha estos ambiciosos proyectos está todavía en manos de la anquilosada ANEP y el INAU. Y la agonía del Clínicas se agudiza día a día mientras su reconversión con participación privada naufraga en la oposición sindical y de otros sectores, que insisten en su cegado reclamo de que el Estado aporte lo que no tiene o que todo quede igual.

Terminar con los fiascos en las obras de infraestructura se ha tornado aun más apremiante por la tercera planta de celulosa. La decisión de la empresa finlandesa UPM de hacer la mayor inversión en la historia del país, del orden de los US$ 4.000 millones, depende de que el Estado cumpla su compromiso de restablecer un servicio ferroviario eficiente y hacer otras obras para asegurar transporte rápido y confiable entre la planta proyectada en la zona de Paso de los Toros y el puerto de Montevideo. La contrapartida gubernamental viene demorada, lo que pone en peligro todo el proyecto UPM y levanta el fantasma de los fiascos de las PPP.