Tribunal de Cuentas cambió su integración y dio vuelta la resolución sobre el avión presidencial. A.Sartorotti

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Mal camino de debilitar controles

Irregularidades en la salud confirman la necesidad de fortalecer las atribuciones del TCR
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11 de octubre de 2017 a las 05:00

Las irregularidades constatadas en el área de la salud confirman la necesidad de fortalecer las atribuciones del Tribunal de Cuentas (TCR) en vez de tratar de soslayarlas, como intenta el gobierno. El avispero oficialista se agitó desde que el TCR consideró inadmisible, hace ocho meses, que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) contratara para un hospital servicios de una empresa propiedad del director de ese mismo centro. El tema integra la agenda de la comisión parlamentaria que investiga denuncias de irregularidades en ASSE desde 2008. Resurgió hace pocos días cuando ministros del TCR comparecieron ante legisladores que investigan otras desviaciones en danza, como la financiación de los partidos políticos y la contratación de la agencia de publicidad La Diez por ANCAP. Previamente el Ministerio de Salud Pública envió al Parlamento un indebido proyecto de ley dirigido a darle más libertad a ASSE para contratar servicios por fuera de las normas vigentes, pese a la acumulación de instancias objetables.

Detrás de las enredadas escaramuzas subyacen diferentes elementos. Uno es el Tocaf, el compendio de normas que regula las compras y otras actividades de toda la estructura del Estado. Es un libro voluminoso y ciertamente corregible en algunas áreas por exceso de limitaciones en asuntos triviales. Pero su vigencia es una garantía del recto manejo transparente de los dineros públicos que tantas veces se han utilizado con descuido, en el mejor de los casos. Evitar toda posible irregularidad aplicando estrictamente el Tocaf está a cargo de un organismo de control tradicionalmente irreprochable pero que carece de la autoridad indispensable para cumplir plenamente su tarea, mientras desde el gobierno y el Frente Amplio se atacan las normas legales que rigen sus fallos.

Cuando el TCR objeta un gasto, el organismo que lo generó puede aceptar la observación o reiterar su acción. En este caso y como el TCR no tiene facultades punitivas, el tema pasa a la Asamblea General para una decisión final. Pero es una vergonzosa historia repetida que cuando una observación del TCR llega al Parlamento es rápidamente relegada al olvido en algún archivo inactivo. Como todo el sistema está detallado en la Constitución, no puede cambiarse sin una reforma de nuestra ley principal. El TCR ha propuesto como solución intermedia, incompleta pero que sería un avance, que se forme una comisión que asegure el rápido diligenciamiento parlamentario de las observaciones del tribunal, en vez de condenarlas a la inacción, como sucede hasta ahora.

El gobierno, sin embargo, opta el camino inverso al tratar de facultar por ley a ASSE a gastar con menos controles, cambio peligroso no solo por los errores cometidos en esa institución sino también porque puede repercutir en menos vigilancia en los gastos de otros organismos del Estado. En los últimos días, ASSE y el Frente Amplio han defendido el proyecto de ley presentado por Salud Pública con el argumento de que las observaciones del TCR, ajustadas a las normas del Tocaf, ponen en riesgo el funcionamiento del sistema de salud. Parecen no percibir que el verdadero riesgo para el país y su población no lo generan ni el TCR ni el Tocaf sino los excesos cometidos por ASSE, lo que exige asegurar instrumentos de control en vez de debilitarlos.

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