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Maldonado busca expropiar terrenos; dueños harán juicios

Alegan falta jurídica por deconocer plan de ordenamiento
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14 de diciembre de 2015 a las 05:00

La Intendencia Municipal de Maldonado envió a mediados de noviembre un expediente a la Junta Departamental en el que se pedía la anuencia para expropiar "por razones de utilidad pública" dos padrones ubicados frente al aeropuerto El Jagüel y donde estará ubicado el nuevo Centro de Convenciones. La idea de la administración de Enrique Antía es realojar allí los asentamientos Kennedy y El Placer, que actualmente ocupan tierras municipales.

Sin embargo, los propietarios de los terrenos alegan que no se respeta un plan de ordenamiento territorial y anunciaron que de hacerse efectiva la expropiación harán un juicio a la comuna.

En 2012, la administración liderada por Óscar de los Santos terminó de elaborar un plan para revitalizar la zona del aeropuerto El Jagüel y volver a la avenida Aparicio Saravia un eje de la Barra de Maldonado. El plan proponía, entre otras obras, equipar al barrio Kennedy con una policlínica, una guardería, centros educativos, un polideportivo, un puesto de seguridad y una plaza, de forma de mejorar las condiciones en las que viven unas 475 familias.

Pero, al asumir el nuevo gobierno, el plan entró en revisión y se pidió anuencia a la junta para una expropiación con toma urgente de posesión. Sin embargo, los dueños de los terrenos consideran que se trata de una acción injusta y aseguran que llevarán a juicio a la comuna en caso de que la expropiación se concrete.

Pablo Ligrone, doctor en Ordenamiento Territorial, que asesora a los propietarios, explicó a El Observador que la modificación que pretende hacer la comuna es contradictoria con el Plan Eje Aparicio Saravia y con el digesto municipal, las normas de procedimiento departamentales y la ley de ordenamiento territorial.

Esto se debe a que lo que legitima hacer una expropiación, es decir, lo que le da causal de utilidad pública, son los planes de ordenamiento, que deben contar con audiencias públicas y poner al tanto a los involucrados. Una vez puesto en vigencia, es vinculante y obligatorio, y por tanto no se puede modificar unilateralmente.

En este caso, según el plan de la administración anterior, los terrenos a expropiar deberían destinarse a la realización de un barrio jardín y no a la relocalización de un asentamiento. Así, la comuna "no tiene propiedad jurídica", señaló Ligrone y solo podría hacerse con un modificación previa del plan.

Por su parte, la intendencia alega que cuenta con un estudio social y urbanístico sobre el asentamiento del cual surgió que la forma más fácil de realojar las familias era dentro de un radio de dos kilometros de la ubicación. De ahí la elección de los predios."Estamos alejando un asentamiento que tiene décadas en la zona balnearia de Punta del Este para integrarlo en la plana urbana de la ciudad de Maldonado", explicó a El Observador el director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, Alejandro Lussich. La nueva propuesta consiste en realojar las familias en los padrones 2483 y 2485, de propiedad privada, y liberar de esa forma las 65 hectáreas municipales que hoy están ocupadas para venderlas para "consolidar la zona como turística".

Para los propietarios, sin embargo, con el cambio de uso que pretende la comuna, la zona se verá desvalorizada, ya que "se perjudican inversiones ya realizadas, y se cambia el sentido de todo el plan" que hacía de esa zona la nueva entrada a Punta del Este, dijo a El Observador Ramón Zorraquín, uno de los inversores afectados. Dentro del plan elaborado durante el gobierno de De los Santos, varios proyectos de edificación obtuvieron la aprobación o una prefactibilidad.

La posibilidad de juicio es segura, advirtió el interesado, ya que considera que no se respeta el procedimiento de una ley de interés general, y que la intendencia pretende pagar por los terrenos un cuarto del precio de mercado, que sería de US$ 20 millones. El director de Vivienda afirmó por su parte que el valor se fijó "en virtud de las últimas ventas comprobables de las mismas fracciones de terreno", que se llevaron a cabo en los últimos tres años.

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