Maldonado proyecta vender el predio del asentamiento Kennedy

La administración Antía también fraccionará un terreno en Cerro Pelado para viviendas

La Intendencia de Maldonado, luego de realojar –aunque aún no hay fecha– al asentamiento Kennedy ubicado en Punta del Este junto al club de Golf, iniciará un proceso para vender esas 65 hectáreas que tienen un alto valor de mercado.

También se dispone a vender un campo de 36 hectáreas en Cerro Pelado –adquirido por la administración anterior de Oscar de los Santos– pero en ese caso, hará un fraccionamiento para que interesados, sobre todo de la clase trabajadora, construyan sus viviendas.

"La idea es mejorar la calidad de vida de los pobladores", dijo ayer a El Observador Alejandro Lussich, director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud.

El jerarca también aclaró que la intendencia "no tiene inversores interesados" en instalarse en el predio que hoy ocupa el Kennedy. En esa zona se promociona la instalación de una zona franca temática de salud.

Por un lado, explicó Lussich, se trasladará a los vecinos de asentamientos –son unas 600 familias en total de las cuales 475 son del Kennedy– a una zona cercana donde deberán construir sus propias viviendas con materiales que aportará el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Para eso se trabaja en un plan social y se prevén mejoras en un predio –son dos padrones– que será expropiado por la intendencia luego que lo autorice la Junta Departamental.

La intendencia ya envió a la Junta el pedido de anuencia para esa expropiación y lo hizo con carácter de urgente alegando "razones de necesidad y utilidad pública". La autorización se piensa obtener en febrero, cuando se levante el receso parlamentario y la administración nacionalista no necesita de votos de la oposición. Los propietarios del terreno a expropiar, según supo El Observador, contrataron los servicios de un estudio jurídico y se disponen a iniciarle un juicio a la intendencia de Maldonado.

La demanda será por varios millones de dólares debido a la diferencia entre lo que pagará la comuna –entre US$ 11 y US$ 13 el metro cuadrado– y el valor de mercado de esos padrones, según consultas de El Observador con inmobiliarios de la zona, ronda entre US$ 50 y US$ 60 el metro cuadrado.

Lussich respondió que la Intendencia está al tanto de esa posible demanda, pero aseguró que la Intendencia tiene elementos jurídicos para demostrar que la oferta de la comuna se adecua a los valores del mercado.

Por otro lado, la Intendencia de Maldonado planifica "una política activa de viviendas" para ayudar a los fernandinos que cumplen con el pago de sus alquileres y que debido al valor de la tierra no pueden llegar a ser propietarios. Es a ellos a quienes se les venderá a crédito terrenos en Cerro Pelado para que construyan sus casas.

A esa zona, dijo Lussich, la administración anterior planeó llevar a los habitantes de los asentamientos Nueva Esperanza y Los Eucaliptus –no a los del Kennedy, aclaró– y esos asentamientos "hace 10 años no existían", dijo el jerarca de la intendencia que dirige el nacionalista Enrique Antía. Nueva Esperanza y Los Eucaliptus se ubican al norte de Maldonado hacia San Carlos.

La reubicación del Kennedy genera polémica.

La intendencia de Antía prevé llevar a esas familias a dos terrenos ubicados frente al aeropuerto El Jaguel, cerca de donde se construirá el nuevo Centro de Convenciones que valorizará la zona.

"Todos saben que por la expropiación se harán juicios contra la comuna que comprometerán las finanzas de futuras administraciones", dijo la semana pasada a El Observador el hoy diputado y exintendente de Maldonado, Oscar de los Santos.

"No se entiende la expropiación cuando la intendencia tiene otros terrenos disponibles", afirmó. En el período pasado, la Junta Departamental aprobó un plan de ordenamiento territorial, que se conoce como el eje Aparicio Saravia para la zona de la Barra.

Por su parte, el edil colorado, Carlos Flores, comentó que está de acuerdo con resolver la problemática de los asentamientos pero antes que el realojo se inclina por una regularización con planes de pago accesibles. "El realojo es más costo y trae otras dificultades", dijo el edil a El Observador, para quien "cada vez que el Estado se mete en negocios inmobiliarios le va mal".

La intendencia de Maladonado confía en poder concretar los realojos cuánto antes para mejorar las condiciones en las que hoy viven 2.600 familias que están en asentamientos.


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