Maldonado a punto de enfrentar juicio por más de US$ 100 millones

La Junta de Maldonado se expedirá hoy acerca del pedido de expropiación de dos terrenos en la zona de El Jaguel, elevado por el intendente Enrique Antía, a donde se piensa realojar a las familias de los asentamientos Kennedy y Los Placeres (hoy ubicados en la zona del club de Golf). Según afirmaron desde la comuna, se cuenta con el apoyo de los 16 ediles nacionalistas, por lo que el proyecto tiene todas las posibilidades de ser aprobado. Y si esto sucede, la comuna fernandina se encamina a enfrentar un juicio con los propietarios y afectados, que superaría los US$ 100 millones.

Si bien El Observador pudo saber días atrás que uno de los ediles nacionalistas, Adolfo Varela, mantenía dudas con respecto al proyecto, la comuna asegura que ya se cuenta con los votos de todos los representantes de ese partido. Además, aseguran tener la toma urgente de posesión de los terrenos aprobada por la Justicia, según dijo a El Observador el director de Vivienda de la comuna fernandina, Alejandro Lussich.

En tanto, propietarios e inversores de la zona del Jaguel que se consideran damnificados piensan recurrir la aprobación de la expropiación por considerarla ilegal y demandarán a la comuna no solo en reclamo de un pago superior por las tierras, sino también por daños y perjuicios.

Según se expresa en una carta enviada por los propietarios a la Comisión de hacienda de la Junta de Maldonado, la expropiación "está viciada de nulidad", ya que contraviene las normas de ordenamiento territorial de esa zona. Uno de los abogados del estudio SPU abogados y que asesora a los propietarios y otros afectados, Mauricio Fioroni, afirmó a El Observador que por la ley 18.308 y el plan de ordenamiento territorial para la calle Aparicio Saravia –aprobado durante la administración de Oscar de los Santos (2010-2015)-, la revisión debe hacerse por mecanismos específicos y contar con evaluaciones ambientales y de ordenamiento territorial. Por eso consideran que "está mal hecha desde el punto de vista legal".

Para los dueños se trata de una acción "ilícita, contraria a las normas vigentes y suceptible de hacer incurrir en responsabilidad al gobierno departamento", según detalla el documento que enviaron a la junta. Además, en la carta alegan que no existe un análisis comparativo de alternativas para la ubicación de las 600 familias del asentamiento Kennedy, ni un estudio urbanístico y que hay un "explícito interés económico en las tierras que hoy ocupa el barrio". Esas tierras, las que hoy son ocupadas por los dos asentamientos, son propiedad de la comuna, que ya manifestó su intención de venderlas.

El director de Vivienda afirmó a El Observador que se pagará por las tierras del Jaguel, a donde se piensa trasladar a las familias, unos US$ 5 millones en total. Sin embargo, los dueños de los padrones a expropiar alegan que las 40 hectáreas frente al aeropuerto El Jaguel, que cuentan con proyectos inmobiliarios, valen unos US$ 30 millones. Por eso se disponenen a recurrir la expropiación y el precio, y en caso de que sea desestimada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pedirán también una compensación por los daños causados, que podría elevar la suma del juicio a más de US$ 100 millones, dijo Fioroni a El Observador.

El abogado señaló por otra parte que los propietarios manifestaron su disposición a ceder otras tierras para los realojos, lo que tendría costo cero para la comuna, algo que se prevé en el Plan de Ordenamiento Eje Aparicio Saravia, y que manifestaron en una reunión con la comisión de Hacienda el pasado viernes. "Los ediles están votando sabiendo que está mal y conociendo la alternativa de los propietarios de que sea costo cero", sentenció.

Por su parte, Lussich afirmó que en caso de que la demanda se haga efectiva, "se estudiará". "Por ahora es una eventualidad. Como toda expropiación, cuando el propietario no está de acuerdo reclama", afirmó. "No complica. Tenemos la posesión, con lo cual podemos empezar con las obras",

advirtió.

El director afirmó por otra parte que según los informes jurídicos de la comuna, la "eventual discusión jurídica no impide el proceso de realojo", y que los propietarios solo podrían discutir el precio.

Los dueños de los terrenos afirman, sin embargo, que "la toma de posesión no otorga la propiedad", por lo que no se puede "generar nuevos padrones para entregar a los realojados" ni tampoco hacer obras.