Mantener bienes embargados de Figueredo cuesta miles de dólares y Fiscalía apura remate

Aires acondicionados arrancados, muebles retirados y una casa en pésima condiciones. Así recibió la Justicia la unidad 1501 de la Torre Imperiale de Punta del Este, uno de los inmuebles embargados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Eugenio Figueredo, procesado con prisión por estafa y lavado de dinero en diciembre de 2014. El embargo de nueve propiedades había sido solicitado en junio de 2015 por el entonces fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez y puesto en marcha por la exjueza de la causa, Adriana de los Santos, previo a que fuera extraditado. Cuando recepcionaron ese apartamento en Punta del Este y vieron las condiciones en las que se había entregado, el juzgado de Crimen Organizado a cargo de De los Santos pidió que se verificaran los daños y que su costo se reintegrara. En total, se reclamaron US$ 6.333 a la defensa de Figueredo, procesado con prisión en diciembre de 2015 por lavado de activos y estafa. Lo mismo sucedió con un apartamento en el edificio Millenium, también en Punta del Este, donde el valor de los daños reclamados por la Justicia fue de US$ 8.964.

Ese fue tan solo uno de los tantos dolores de cabeza que le trajo a la Justicia, a la Fiscalía y al Estado el embargo de los bienes del exdirigente de fútbol. Si bien a partir de la decisión judicial, el Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas (JND) –que funciona bajo la órbita de Presidencia- fue el beneficiario, las propiedades embargadas insumen gastos fijos de los que el Estado debe hacerse cargo y que, por ahora, está solventando con una cuenta bancaria que fue inmovilizada y que tenía fondos por una suma cercana a los US$ 600 mil. Si bien por ahora dinero queda, en algún momento se terminará.

A su vez, muchos de los bienes embargados a Figueredo no son inmuebles en sí mismos sino participaciones en sociedades, como ser hoteles. Eso llevó a que, sin quererlo, la JND pasara a ser integrante de una red de accionistas hoteleros, algo que al Estado no le interesa particularmente. Una de esas acciones es la del hotel Hyatt, donde Figueredo participó a través de Gilson Overseas S.A., que posee 11,11% del capital accionario de las sociedades Dilony S.A y Haley Equities S.A. Las dos están relacionadas con el hotel Hyatt. En ese caso, la JND ha tenido que ir al menos a dos reuniones de socios, según pudo saber El Observador.

Los gastos fijos de inmuebles embargados en Montevideo y Punta del Este, sumados a las participaciones en las sociedades están siendo tenidos en cuenta por el actual fiscal especializado en Crimen Organizado que tiene la causa, Luis Pacheco. Para que el Estado pueda obtener el dinero que le corresponde por todos los bienes y participaciones en sociedades, Pacheco pretende solicitar el remate de los bienes, informaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.

La tarea de pedir el remate no le será sencilla. Para las casas y apartamentos embargados, el fiscal deberá analizar la documentación de cada propiedad para estar seguro de que se puede pedir el remate. Las fuentes señalaron que una de las primeras propiedades por las que pedirá el remate será una casa de Carrasco, que fue adquirida por la esposa de Figueredo a unos US$ 660.000 según el valor del dólar en 2013.

Además, como todavía no hay una sentencia que inculpe a Figueredo (aún no tiene condena), no hubo un decomiso formal. Eso quiere decir que, de venderse, quien deberá firmar por esos bienes seguirá siendo Figueredo, aunque son propiedades que pasaron a estar en la órbita del Estado.

En lo que respecta a las participaciones accionarias en emprendimientos hoteleros, la salida más sencilla será apelar a la negociación con los demás accionistas para que compren los porcentajes que tenía el expresidente de Conmebol. Es decir que para ese caso, la Justicia y el Estado están jugados a la voluntad de los accionistas. Como alternativa existe la posibilidad de rematar esas participaciones, pero ese camino implicaría procesos largos y engorrosos para los que no hay tiempo.

Entre las propiedades se encuentran también las que fueron entregadas por Figueredo como parte de un acuerdo con la Fiscalía por el que se comprometió a sumar algunos bienes más a cambio de beneficios en su pena, a partir de un artículo de la ley de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ese acuerdo se empezó a conversar en enero de 2016, poco menos de un mes después de su procesamiento. Las propiedades y participaciones en sociedad embargadas sumadas a las del acuerdo suman casi US$ 10 millones. Esa cifra se consideró importante teniendo en cuenta que en cinco años los jueces de Crimen Organizado incautaron US$ 3,5 millones.

Cuando Figueredo declaró el 24 de diciembre en la audiencia que terminó con su procesamiento, dijo no ser "un buchón" pero aportó datos de personas implicadas en maniobras de lavado de dinero, según informó el semanario Búsqueda en ese entonces.

En abril de este año, el expresidente de la Conmebol Eugenio Figueredo, comenzó a trabajar en un negocio familiar luego de que la Justicia le concediera salidas transitorias. Figueredo ya contaba con una hora diaria de salidas para ir a caminar a las que ahora se le suman cuatro horas de trabajo, tres veces por semana. Pacheco indicó que la defensa había solicitado algunas horas más, pero el fiscal consideró que se le podían conceder cuatro horas diarias, tres veces por semana. Hasta abril de 2016, Figueredo estuvo recluido en Cárcel Central pero, por razones de salud, la entonces jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, le concedió la prisión domiciliaria. En ese momento, Figueredo se encontraba internado en el Hospital Británico, tras haberse sometido a una operación de próstata. Durante algunos días su estado de salud fue delicado.

La jueza le concedió la prisión domicialiaria y, una vez que fue dado de alta, se fue a vivir al barrio Pocitos. La Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA) fue la encargada de realizar el seguimiento del expresidente de la Conmebol para ver cómo evolucionaba su estado de salud. Ese seguimiento, así como la prisión domiciliaria, habían sido solicitados por la entonces fiscal de Crimen Organizado María de los Ángeles Camiño, quien suplantó al exfiscal de la causa, Juan Gómez. En febrero, Camiño fue reemplazada por Luis Pacheco.