Más allá del TISA: ¿Cómo podemos ser más amigables para la prestación de servicios al exterior?

Por Carlos Loaiza Keel @cloaizakeel

El mes pasado estuvo cargado de noticias que inquietaron al gobierno y a la colectividad de negocios de nuestro país. Para comenzar, y tal como informó este mismo periódico en un reportaje especial el 20 de septiembre, el mes pasado nos confirmó que la economía uruguaya experimentó su primer decaimiento desde el año 2003, con una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,1% en el segundo trimestre del año.

La noticia llega mientras se discute la ley de Presupuesto Nacional en el Parlamento, y en medio de un contexto de gran incertidumbre, caracterizado por un significativo déficit público, impacto en empleo, presiones inflacionarias, depreciación cambiaria, descenso de precios internacionales de commodities. Todo esto sin contar el álgido momento que transitan nuestros socios comerciales principales, China y, sobre todo, Brasil, que perdió el grado inversor y transita una severa crisis política.

Pero las novedades no terminaron allí. El mes pasado, nuestro gobierno, siguiendo la decisión del Plenario del Frente Amplio, decidió abandonar las negociaciones en las que Uruguay estaba embarcado respecto del Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios, conocido como TISA, por su sigla en inglés (Trade in Services Agreement).

Ante este escenario, nuestro país debe ser cauto y redoblar esfuerzos para mantener su estabilidad económica y la generación de valor, para lo que la noticia del TISA, para muchos, genera un retroceso en la necesidad de abrir mercados, en particular en el área de servicios, factor diferenciador que permite en nuestros días acercar una sociedad al desarrollo sostenible, más con las condiciones que tiene el Uruguay.

En nuestra opinión, más allá de las opiniones que puedan verterse sobre la oportunidad o conveniencia de haber abandonado las negociaciones del TISA –nuestro país no pudo, lamentablemente, darse una discusión de fondo sobre el tema, por falta de información de calidad–, es mucho lo que hoy puede mejorarse en nuestro propio país, fuera de este tratado en particular. Ello bajo el entendido, por otra parte, de que la apuesta por constituirnos como sociedad del conocimiento que permita prestar servicios de alta calidad a todo el mundo debe seguir siendo el principal motor para el desarrollo de nuestro país.

Por supuesto que aspectos como la estabilidad institucional, la educación o el flujo de inversiones, sobre las que existe consenso y hemos abordado en este espacio –sin ir más lejos, en la columna invitada de Ignacio Munyo del mes pasado–, son cruciales; pero también es preciso introducir cambios menores desde nuestro sistema tributario doméstico, o profundizar algunos ya introducidos, que generarían un alto impacto para el desarrollo del sector de servicios en nuestro país, tal vez mucho más a corto plazo que los que traería el propio TISA.

A continuación mencionamos solo algunos de ellos, sin ánimo de agotar el elenco, que profundizaremos en próximas ocasiones:

  • Debemos mejorar concepto de exportación de servicios, desgravando las prestaciones de servicios al exterior, aunque se aprovechen económicamente en Uruguay. Esta propuesta implicaría que cuando se desarrolle una consultoría o preste un servicio para una empresa extranjera, aunque ese servicio sea finalmente un insumo para implantarse o desarrollar un negocio en Uruguay, la remuneración no se grave por IVA, de manera de mejorar la competitividad y oportunidades de negocio de nuestros prestadores de servicios.
  • Debemos profundizar la política tributaria internacional, preservando nuestra reputación y buenas prácticas, pero siempre procurando que esta corriente nos permita seguir extendiendo nuestra red de Convenios para Evitar la Doble Imposición, por la cual, según el estándar OCDE, logramos que se eliminen retenciones de impuestos en los pagos de servicios prestados desde Uruguay a países con los que tenemos acuerdos vigentes. En estos Convenios, debemos también incluir en la medida de lo posible la posibilidad de que aprovechen sus beneficios los servicios prestados desde Zonas Francas –o en el futuro Zonas Económicas Especiales– en el Uruguay, como sucede en el caso del Convenio con España, excepto para servicios financieros. Esto hace que prestar servicios desde Uruguay se vuelva aún más atractivo, pues además de evitar retenciones en pagos del exterior por servicios prestados desde aquí, se elimina la tributación para el prestador al aprovechar el régimen de exención subjetiva.
  • Es preciso desburocratizar aspectos tributarios administrativos vinculados a la prestación de servicios al exterior, que no por ser detalles burocráticos tienen menor importancia en el día a día. A modo de ejemplo, debe facilitarse la emisión de certificados de residencia para aprovechar las ventajas de Convenios para Evitar la Doble Imposición que acabamos de mencionar. Ténganse en cuenta que para no retener impuestos al pagar un servicio prestado desde Uruguay aplicando un Convenio tributario, el pagador exigirá al prestador uruguayo que le envíe un certificado de residencia expedido por DGI, que en el mejor de los casos obtendrá en un uno a dos meses. Si bien en algunos casos es razonable un examen concienzudo del cumplimiento de determinadas condiciones, lo que lleva tiempo, deberían establecerse sistemas de fast track o canal verde que permitan la emisión automática de estos certificados para casos simples que no supongan riesgos para la Administración, como es el caso de quien tiene permanencia física y ha sido contribuyente de impuestos como residente en los últimos ejericicios.
  • Debemos mejorar y facilitar el sistema de deducción de gastos incurridos en el exterior en la prestación de servicios. Esto es relevante porque la prestación de servicios muchas veces exige traslados al exterior y la deducción de estos gastos genera problemas por el rigor de las exigencias.
  • Debemos seguir profundizando en exoneraciones especiales para rentas vinculadas a servicios prestados al exterior, como ya se ha hecho con los Centros Corporativos Centrales, reconociendo el gran flujo de inversiones realizadas por multinacionales que instalan sus centros regionales en Uruguay, dentro, pero también fuera, de regímenes promocionales como Zonas Francas.
  • Es necesario continuar apostando por regímenes promocionales como Zonas Francas y Puerto Libre, pero debemos mejorar sensiblemente la transparencia y estabilidad de los criterios por parte de organismos de control y recaudadores (Área Zonas Francas, DGI, Aduanas, etc.), en especial en cuanto a servicios asociados a actividades logísticas, fundamentales para el país. En los últimos años, y como ya hemos dicho desde este espacio, no han sido las normas las que han deteriorado el clima de negocios en torno a estos regímenes, si no la aplicación descoordinada o inconsistente, aún de buena fe, de esas normas por parte de los distintos órganos del Estado llamados a aplicarlas.
  • En el mismo sentido, es necesario explotar ventajas como la que da la Decisión 33/2015 del CMC del MERCOSUR, que comentamos en el número de agosto de Consultor Tributario.
  • Aunque no directamente vinculado a los servicios, pero sí a la inversión extranjera que fomenta y aprovecha los servicios, es necesario abandonar el criterio ficto para gravar la venta de acciones de sociedades uruguayas, del 2,4% del precio, yendo a una fórmula que, aunque más compleja, busque gravar la ganancia real de la operación, si existe, respetando así el principio de capacidad contributiva. Son muchas las empresas que se encuentran con la ingrata situación de tener que pagar impuestos al desinvertir en Uruguay, al vender su negocio, por un valor inferior a lo que les costó comprarlo. Esto es clave, pues en el mundo de hoy, la decisión de invertir ya contempla el exit o salida de la inversión desde el comienzo, y este aspecto pesa.
  • Con el mismo enfoque, business oriented, es imprescindible estructurar un régimen especial para las combinaciones de empresas, como enajenaciones de establecimientos comerciales, fusiones, adquisiciones y escisiones, canjes de acciones, que fomente la simplicidad y mantenga neutralidad fiscal cuando estas operaciones se realizan dentro de un mismo grupo económico. Sería igualmente positivo establecer un sistema realista que admita la liquidación consolidada de impuestos dentro de un grupo económico, pudiendo aprovechar por ejemplo pérdidas de una unidad para compensar ganancias de otra.

Estos son solo algunos de los muchos cambios que, aunque parezcan menores, pueden transformar la prestación de servicios desde nuestro país al exterior. Esto no implica menospreciar las negociaciones de los esquemas comerciales del futuro en la materia.

Pero no debemos esperar de otros países o sistemas aquello que nosotros mismos podemos y debemos procurarnos para seguir en la senda del desarrollo. Más en tiempos turbulentos como los que ya transitamos. No debemos conformarnos. 


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Acerca del autor

Carlos Loaiza

Carlos Loaiza

Carlos Loaiza Keel es abogado, Master en Tributación y Derecho Empresarial, y director del Postgrado en Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo