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Más farmacias huyen de la marihuana
Un nuevo obstáculo traba aun más la vigencia del desatino del expresidente José Mujica de legalizar la marihuana. Después que todas las grandes cadenas de farmacias se rehusaron a incorporar la venta de la droga a los consumidores, el puñado de esos comercios que habían aceptado hacerlo remolonean ahora por temor a su seguridad y al desprestigio. Ya el mes pasado se produjo un intento de robo en el predio estatal donde cultivan cannabis las dos empresas privadas autorizadas a producirlo. Un guardia privado de seguridad encontró roturas en el vallado perimetral del predio y en el plástico que cubre uno de los invernaderos. A raíz del hecho, el jefe de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, anunció el refuerzo de la vigilancia del lugar con policías a caballo.
Aunque no se concretó el robo, el intento enfatiza uno de los riesgos colaterales de la ley de Mujica. Como la venta en farmacias está limitada en volumen a usuarios identificados en un complicado registro, es obvio que muchos consumidores, así como narcotraficantes, recurrirán a medios ilícitos para proveerse de la droga. El consecuente temor a asaltos para robar marihuana es una de las razones que esgrimen ahora para dar marcha atrás algunas de las 50 farmacias de Montevideo y de Canelones que habían aceptado ser vendedores al menudeo, según informó El País. Incide también en su actitud el temor a ser estigmatizadas, ya que constituyen apenas una fracción de los muchos cientos de farmacias que operan en el país. Ante la renuencia de estos comercios, se informó que las autoridades ahora estudian hasta instalar puestos de ventas en redes de cobranzas u otros comercios, idea que solo profundiza el absurdo de todo el proyecto.
Estos traspiés se agregan a las irresueltas dificultades que tiene el gobierno para organizar el sistema de producción, distribución y venta de la droga. Además de las farmacias, los particulares están autorizados por la ley a cultivar hasta seis plantas, limitación imposible de controlar a menos que se cree un cuerpo gigantesco de nuevos funcionarios públicos que inspeccionen casa por casa para asegurarse que nadie se exceda de la cuota. La acumulación de problemas ni siquiera constituye la objeción principal a una ley insensata. El cuestionamiento mayor es, por un lado, el notorio fracaso de la justificación que intentó Mujica al afirmar que el consumo legal de marihuana disminuiría el de otras drogas aun más perniciosas, especialmente la pasta base, que sigue siendo igual que antes. Y por otro, está comprobado que el uso ocasional de marihuana enlentece reflejos, aumentando el riesgo de accidentes de tránsito, y que el consumo habitual causa daños permanentes a la salud.
Estos peligros presumiblemente incidieron en la posición contraria a la liberación marihuanera que declaró tiempo atrás el presidente Tabaré Vázquez. El mandatario señaló que, aunque estaba en desacuerdo, no podía eludir el cumplimiento de una ley vigente. La respuesta a este argumento es obviamente la derogación de una ley perjudicial que nunca debió aprobarse y la eliminación de todo el enredado mecanismo que se procura montar a los tropezones para cumplirla. Es el camino lógico que debe procurar un presidente que se distingue por sus campañas contra el tabaquismo y el alcohol en defensa de la salud de la población, meta loable pero contradicha por la existencia de una ley que libera el consumo de un estupefaciente.
