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Medida cautelar retrasa posible juicio político contra Rousseff
La solicitud que sale de Diputados quedó para la semana próxima
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14 de octubre de 2015 a las 05:00
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil postergó hasta la semana próxima su decisión acerca de si acepta o no un pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por irregularidades en las cuentas públicas. Eduardo Cunha "va a esperar hasta la semana que viene para poder tomar la decisión", dijo ayer un asesor de prensa de la presidencia de la Cámara, luego de que la Corte Suprema ordenara cambiar la forma en que deben ser tratadas esas solicitudes.
La Corte declaró inviable que, en caso de que el presidente de la Cámara rechace la solicitud, la oposición pueda presentar un recurso para tratar la cuestión en el plenario –algo que podía ocurrir de inmediato–, como se especulaba que pasaría para evitar que toda la responsabilidad recayera sobre el presidente. Por tanto, Cunha deberá decidir en soledad.
La mandataria había puesto en alerta a todo su gabinete para cohesionar su base de apoyo en el Congreso y bloquear la iniciativa que impulsa el opositor PSDB, derrotado ajustadamente en las elecciones de hace apenas un año.
Cunha es el rival político más poderoso del gobierno. De gran predicamento dentro del PMDB, partido de centro aliado de Rousseff, se declaró opositor después de ser denunciado por la justicia por cobrar un soborno de US$ 5 millones para facilitar un negocio en el megaescándalo de la estatal Petrobras.
El diputado evangélico adujo entonces que detrás de esa denuncia estaba la mano del gobierno para desprestigiarlo.
Como presidente de la Cámara, Cunha es el encargado de dar luz verde o archivar los pedidos de juicio político contra la presidenta.
De dar lugar a un proceso de impeachment, se debe pasar por la evaluación de una comisión y luego lograr el apoyo de dos tercios de los diputados. Recién ahí Rousseff sería apartada del cargo y será el Senado –donde el gobierno tiene mayoría– el encargado de juzgarla.
"El impeachment es una cuestión jurídica. Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con la ruptura institucional. El impeachment solo se justifica si hay fundamento jurídico, y no hay fundamento jurídico", dijo el ministro portavoz de Rousseff, Edinho Silva, tras una serie de reuniones en Brasilia.
La iniciativa apoyada por el PSDB para desbancar a Rousseff se basa en un análisis de la auditoría de la República, que considera que el gobierno maquilló las cuentas públicas para dar idea de una mejor gestión.
El ministro reiteró que "no hay fundamentos jurídicos para tomar una decisión como esa" y apuntó que las demandas de la oposición para juzgar a Rousseff son parte de un "embate político sin ninguna base jurídica", por lo cual "no pueden" ser aceptadas.
"No podemos paralizar al país por embates políticos", cuando "lo importante es que Brasil supere sus dificultades económicas y vuelva al camino del crecimiento", indicó el ministro, quien aludió así a la difícil situación del país, cuya economía ha entrado en recesión y este año se calcula que se contraerá casi 3%.
Silva también ratificó la opinión del gobierno en el sentido de que esas maniobras fiscales no constituyeron lo que la Constitución define como "delito de responsabilidad" y subrayó que fueron durante la gestión anterior de Rousseff.
La Corte declaró inviable que, en caso de que el presidente de la Cámara rechace la solicitud, la oposición pueda presentar un recurso para tratar la cuestión en el plenario –algo que podía ocurrir de inmediato–, como se especulaba que pasaría para evitar que toda la responsabilidad recayera sobre el presidente. Por tanto, Cunha deberá decidir en soledad.
La mandataria había puesto en alerta a todo su gabinete para cohesionar su base de apoyo en el Congreso y bloquear la iniciativa que impulsa el opositor PSDB, derrotado ajustadamente en las elecciones de hace apenas un año.
Cunha es el rival político más poderoso del gobierno. De gran predicamento dentro del PMDB, partido de centro aliado de Rousseff, se declaró opositor después de ser denunciado por la justicia por cobrar un soborno de US$ 5 millones para facilitar un negocio en el megaescándalo de la estatal Petrobras.
El diputado evangélico adujo entonces que detrás de esa denuncia estaba la mano del gobierno para desprestigiarlo.
Como presidente de la Cámara, Cunha es el encargado de dar luz verde o archivar los pedidos de juicio político contra la presidenta.
De dar lugar a un proceso de impeachment, se debe pasar por la evaluación de una comisión y luego lograr el apoyo de dos tercios de los diputados. Recién ahí Rousseff sería apartada del cargo y será el Senado –donde el gobierno tiene mayoría– el encargado de juzgarla.
"El impeachment es una cuestión jurídica. Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con la ruptura institucional. El impeachment solo se justifica si hay fundamento jurídico, y no hay fundamento jurídico", dijo el ministro portavoz de Rousseff, Edinho Silva, tras una serie de reuniones en Brasilia.
La iniciativa apoyada por el PSDB para desbancar a Rousseff se basa en un análisis de la auditoría de la República, que considera que el gobierno maquilló las cuentas públicas para dar idea de una mejor gestión.
Una "ruptura democrática"
En tanto, el gobierno brasileño defendió de nuevo que un juicio político para destituir a la presidenta supondría una "ruptura constitucional". Los "problemas políticos" del país deben resolverse mediante un "amplio diálogo", dijo el ministro de Información, Edinho Silva.El ministro reiteró que "no hay fundamentos jurídicos para tomar una decisión como esa" y apuntó que las demandas de la oposición para juzgar a Rousseff son parte de un "embate político sin ninguna base jurídica", por lo cual "no pueden" ser aceptadas.
"No podemos paralizar al país por embates políticos", cuando "lo importante es que Brasil supere sus dificultades económicas y vuelva al camino del crecimiento", indicó el ministro, quien aludió así a la difícil situación del país, cuya economía ha entrado en recesión y este año se calcula que se contraerá casi 3%.
Silva también ratificó la opinión del gobierno en el sentido de que esas maniobras fiscales no constituyeron lo que la Constitución define como "delito de responsabilidad" y subrayó que fueron durante la gestión anterior de Rousseff.
