La directora de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Inés Terra, dijo a El Observador que todavía “no hay una definición” de la cartera respecto a la situación desventajosa que enfrentarán los free shops del lado uruguayo a partir del 1º de julio de 2015, cuando sea legal la instalación de tiendas libres de impuestos en el lado brasileño de las ciudades fronterizas.
De acuerdo a lo que anunciaron autoridades brasileñas, una vez que se aprueba la ley, los ciudadanos brasileños podrán comprar no solo en el lado uruguayo, sino también en el lado brasileño. La medida que ha preocupado a los empresarios locales agrupados en la Cámara de Empresarios de Free Shops del Uruguay es que los habitantes del norte podrán comprar US$ 300 en los free shops de Brasil y US$ 150 en los de Uruguay (hoy el tope está en US$ 300).
En este contexto, la semana pasada en Rivera, donde se realizó el segundo Encuentro de Frontera, reunión regional de empresarios relacionados a las tiendas libres, el director de Aduanas, Enrique Canon, cerró el evento asegurando que el MEF está preparando un proyecto de ley de free shops, aunque dijo que desconocía los detalles de este. Consultada sobre el mencionado proyecto, Terra dijo que no puede compartir muchos elementos de este, ya que “está en estudio del Ministerio de Economía”. Aseguró que antes de fin de año tendrán preparado algo. De todos modos, comentó que no está previsto enviar el proyecto de ley al Parlamento hasta el próximo período de gobierno.
Empresarios como Enrique Urioste, presidente de Asutil y CEO de Neutral Free Shop, y Andrés Mendelsohn, de Duty Free CFA Americas, que participaron de la conferencia llevada a cabo en Rivera, mostraron una dualidad en referencia a la ley brasileña.
Por un lado, creen positivo el dinamismo que traerá la instalación de free shops del lado brasileño; por el otro pidieron que las reglas sean claras para poder competir con ellos. Uno de los pedidos es que el Estado uruguayo eleve a US$ 300 el máximo de compras que pueda realizar el ciudadano fuera del país, para que así los brasileños, siguiendo el principio de reciprocidad, aumenten nuevamente de US$ 150 a US$ 300 el tope de las compras de brasileños en Uruguay.
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