Mejoran beneficios para reactivar esqueletos de grandes obras

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) mantuvo ayer una reunión con la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones (Comap) para ajustar detalles que permitan facilitar la instrumentación del decreto que aprobó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reactivar esqueletos de edificios para vivienda u oficinas que hayan ejecutado una obra civil superior a US$ 15,3 millones, y tengan un período de inactividad de al menos 18 meses.

Según supo El Observador, la Comap atendió algunos de los planteos que inquietaban a los promotores privados y que no estaban del todo claros en la redacción del decreto. Por ejemplo, en la zona de Punta del Este los esqueletos de edificios que podían ampararse bajo los beneficios impositivos que habilitó el MEF cumplían con el requisito de contar con 20% de superficie para áreas comunes, pero no así en Montevideo. Por ese motivo, la Comap accedió redactar una circular que dará definiciones más precisas del decreto y permitirá la inclusión de esos proyectos de la capital que estaban quedando por fuera de la normativa.

Esas obras tendrán exonerados los tributos para la importación de equipos, máquinas y materiales, siempre y cuando sean declarados no competitivos con la industria nacional. Además, accederán a los beneficios de exoneración de parte del IRAE (Impuesto a la Renta de la Actividades Empresariales) que rige desde octubre para nuevos emprendimientos cuya finalización no se extienda más allá de 2019 y superen los US$ 15 millones.

De todas formas, Appcu viene reclamado al MEF que acceda a otorgar esos beneficios a proyectos de menor porte –de entre US$ 3 millones y US$ 6 millones–, porque solamente 2% de los privados desarrolla iniciativas con montos superiores a los US$ 15 millones. Sin embargo, para ello se requeriría un nuevo decreto ya que solo con una circular de la Comap no se podría ampliar el tope de los edificios amparados bajo este beneficio tributario. Esa inquietud ya fue trasladada al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, supo El Observador.

El decreto con beneficios tributarios que aprobó el MEF en octubre del año pasado –con vigencia hasta diciembre de 2017– apuntaba a darle un empujón al sector de la construcción, que luego de un boom de actividad en 2012 acumula un escenario recesivo que implicó la pérdida de unos 20 mil puestos de trabajo.