Mides plantea entregar pensión a personas trans mayores de 50

Alexander tiene 19 años y es un varón trans. Cuando le planteó a sus padre que iba a cambiar de sexo este le dijo "si es lo que vas a hacer, hacé las valijas y andate de mi casa". Su testimonio fue presentado ayer por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) junto con los datos preliminares del primer censo de personas trans de Uruguay, pero su situación no es única.

El 58% de las personas censadas declararon haber sido discriminadas por algún miembro de su familia: el 41% por la madre, 51% por el padre, 56% por los hermanos y 27% por algún otro familiar.

En Uruguay hay 853 trans, es decir personas que se identificaron con un género con el que no nacieron. De esa cantidad, el 90% son mujeres.

Los resultados "evidencian algunos aspectos de la falta de acceso a derechos de la población trans producto de los diferentes mecanismos de discriminación existente, producida por los individuos y las instituciones", dice el documento base del censo.

El 60% de esa población no tiene el ciclo básico completo y el 75% abandonó los estudios formales. La atención en salud está "lejos de garantizar la salud plena así como las transformaciones necesarias para la población trans". Por otro lado, "la fuerte discriminación laboral que sufren las personas trans las aleja de cualquier posibilidad de empleo remunerado", agrega el informe.

A partir del censo concluyeron que persiste un alto nivel de exclusión de las personas trans en la sociedad uruguaya, por lo que el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual elabora un proyecto de ley integral para eliminarla.

Uno de los puntos principales es que quienes son mayores de 50 años –que ahora corresponden al 17% del total de esta población- reciban una pensión. "Dada su trayectoria de vida, es una pensión reparatoria", dijo el director Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES, Federico Graña. Todavía no está definido el monto pero tomarán pensiones similares como ejemplo para establecerlo.

La iniciativa también planteará que deberá haber una cuota del 2% en todos los llamados para trabajos para empleos públicos. La situación laboral de esta población es definida como "precaria" por el Mides porque el trabajo callejero surge como la alternativa segura y eso se corresponde con el el 35% se dedica a eso actualmente y otro 32% lo hacía en el pasado.

"Ello hace que estén expuestas a condiciones de trabajo insalubre marcada por la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, la exposición a enfermedades de transmisión sexual", dice el informe.

Delfina tiene 27 años y quería estudiar Derecho desde la etapa liceal, cuando decidió cambiar de género y tuvo que abandonar los estudios. Ahí fue cunado una compañera le recomendó ser trabajadora sexual para pagarse las operaciones para transformar su cuerpo, donde se expuso a robos y personas violentas, según relató en un video presentado ayer. Entregó varios curriculums pero nunca tuvo la posibilidad de tener una entrevista laboral. "Es como si hubieran visto a un extraterrestre", relató.

Durante la presentación, los técnicos aseguraron que existe una desvinculación temprana de las personas trans de su familia, que en promedio son expulsados a los 18 años de su hogar. Eso los obliga a abandonar los estudios y salir a buscar un trabajo.

Otro de los cambios que plantearán a partir del proyecto es revisar la ley 18.620 de Cambio de Nombre y Sexo Registral, a partir de la cual las personas trans tienen derecho a cambiar su nombre. Esta decisión se debe a que identificaron "barreras" que impiden el cumplimiento de la ley como estaba pensada en un inicio. Solo un 18,5% lo se cambió el nombre de acuerdo al cambio de género y otro 17% lo tiene en trámite.

"Las organizaciones de la diversidad sexual plantean que la existencia de una comisión previa, que haya un psicólogo y una psiquiatra, dan una visión patologizante y eso genera una barrera", explicó Graña a El Observador. Agregó que el trámite también se enlentece porque la comisión viaja por el país y la agenda no es suficiente.