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Miles piden dimisión del gobierno rumano por despenalizar corrupción
Los casos se despenalizan si le causan pérdidas menores a 44.000 euros al Estado
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01 de febrero de 2017 a las 17:56
Unas 100.000 personas -según la televisión pública rumana- piden en Bucarest la dimisión del gobierno socialdemócrata después de que aprobara anoche un decreto de emergencia que despenaliza algunos delitos de corrupción.
Lemas como "Retirar el decreto y dimitid" y "Ladrones" son coreados por miles de personas ante la sede del gobierno, mientras que otros manifestantes llevan carteles en los que tildan de "traidor" al Ejecutivo.
Los medios rumanos informan que unas 50.000 personas también protestan en otras ciudades del país balcánico, como Timisoara, Cluj o Sibiu.
La mayoría de los ciudadanos que protestan contra el decreto son jóvenes y, al igual que en las manifestaciones anteriores, no se produjeron incidentes.
En los casos que queden por debajo de esa cifra se iniciarán procedimientos administrativos y civiles para recuperar el dinero y castigar a los responsables.
El decreto ley del gobierno del primer ministro, Sorin Grindeanu -que asumió el cargo a principios de mes-, despertó fuertes críticas dentro y fuera del país y provocó las mayores protestas callejeras desde la caída del comunismo en Rumanía en 1989.
La oposición de centroderecha anunció una moción de censura, el principal órgano judicial prepara un recurso contra la medida y el presidente del país, Klaus Iohannis, pidió la intervención del Tribunal Constitucional.
La Comisión Europea se mostró "muy preocupada" por la medida y los analistas consideran que esta ley supone el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción desde que Rumanía ingresó en la Unión Europea en 2007.
Dragnea no tendrá así que responder ante un tribunal en un proceso iniciado por un caso de corrupción cuando era gobernador de una provincia rumana, puesto que las pérdidas al Estado están valoradas en 24.000 euros.
La medida también beneficiará a otros altos cargos políticos pertenecientes al PSD que están a la espera de juicio.
La ley ha indignado a parte de una ciudadanía cansada de la corrupción en un país en el que el sueldo medio es de 460 euros.
Lemas como "Retirar el decreto y dimitid" y "Ladrones" son coreados por miles de personas ante la sede del gobierno, mientras que otros manifestantes llevan carteles en los que tildan de "traidor" al Ejecutivo.
Los medios rumanos informan que unas 50.000 personas también protestan en otras ciudades del país balcánico, como Timisoara, Cluj o Sibiu.
La mayoría de los ciudadanos que protestan contra el decreto son jóvenes y, al igual que en las manifestaciones anteriores, no se produjeron incidentes.
El decreto ley del gobierno del primer ministro, Sorin Grindeanu -que asumió el cargo a principios de mes-, despertó fuertes críticas dentro y fuera del país y provocó las mayores protestas callejeras desde la caída del comunismo en Rumanía en 1989.
La oposición de centroderecha anunció una moción de censura, el principal órgano judicial prepara un recurso contra la medida y el presidente del país, Klaus Iohannis, pidió la intervención del Tribunal Constitucional.
La Comisión Europea se mostró "muy preocupada" por la medida y los analistas consideran que esta ley supone el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción desde que Rumanía ingresó en la Unión Europea en 2007.
La medida también beneficiará a otros altos cargos políticos pertenecientes al PSD que están a la espera de juicio.
La ley ha indignado a parte de una ciudadanía cansada de la corrupción en un país en el que el sueldo medio es de 460 euros.
