Gabriel Pereyra

Gabriel Pereyra

Columnista

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Miles de traumatizados por las rapiñas interpelan a los ineptos

Si no se hubiesen naturalizado las fugas en el INAU, los asaltos violentos se habrían desplomado, como se desplomaron cuando las autoridades se decidieron a pasar llave en las celdas
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31 de agosto de 2015 a las 05:00
La tragedia le puede caer a cualquiera en cualquier momento. Vas a comprar fideos y te matan de un balazo en una fábrica de pastas. Hay una gran dosis de azar y mala suerte en el episodio. Ahora, cuando el responsable de la tragedia es la ineficiencia del Estado y la burocracia que lo debería hacer funcionar, hiela la sangre. Matan a nuestra gente porque alguien en algún lugar está haciendo mal las cosas. Y no hablo del largo periplo –marginal, drogueta, chorro– que lleva a alguien a tirar dos tiros contra un comercio, sino de las decisiones que se toman para controlar a estos desclasados que cada vez son más.

Por años las fugas del INAU eran moneda corriente. Era como el sol, sabemos que sale por ahí y se esconde por acá, cada día. Así, cada día, se iban dos, tres, diez menores de los hogares de encierro para volver a la calle, ¿a qué? A hacer más de lo mismo.

Hay que rascar mucho en los debates generados tras cada asesinato o rapiña cometida por un menor para encontrar que el asunto esencial y casi excluyente de análisis fueran las fugas del INAU.
El defensor de menores Daniel Sayagués denunció con nombre y apellido a los funcionarios y jerarcas que dejaban fugarse a internos. La explicación que le daban es que si en un hogar para 50 no había más plazas y llegaban cinco detenidos más, otros cinco eran invitados a irse.

Un joven contó que al llegar al "hogar" un funcionario lo habría consultado "sobre su voluntad de permanecer o no en el centro. Como él le respondió que pensaba irse, el funcionario le habría dicho que empezara a correr y que él avisaría al retén policial veinte minutos después", dice una de las denuncias que tuvo el abogado en sus manos.

Y en uno de sus escritos agrega: "(En) un informe –cuya copia está en nuestro poder– la dirección de uno de estos centros 'abiertos' expresaba su disconformidad con que se derivara al mismo por tercera vez a un adolescente que ya se había 'fugado' del mismo en dos oportunidades: 'Debe tenerse en cuenta que cada salida no autorizada implica perjudicar aun más su situación judicial ya que en su mayoría los jóvenes son reintegrados con otra causal'. Era el cuarto proceso judicial que se le iniciaba a ese adolescente. Ese mismo día se volvió a 'fugar' del centro. Once días después volvió a ingresar con su quinta causa".

Hasta que Ruben Villaverde llegó al INAU y cerró las puertas con llave. En 2014 las fugas pasaron de mil a cero. Los hogares se saturaron, sí, pero ¿qué pasó en la calle?
En 2011 hubo 642 rapiñas, el 2012 fueron 446, 381 en 2013 y 252 en 20014. Los homicidios fueron 47 en 2013, 31 en 2014, y 20 en 2014. En cuatro años las rapiñas bajaron 61%. Sayagués no tiene dudas de lo que, por otra parte, parece obvio: las fugas impactaron directamente en la cifra de rapiñas y de homicidios.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el presidente Tabaré Vázquez se comprometió a bajar las rapiñas de mayores en 30% en todo el período.
Pero ese 60% en que se redujeron los asaltos violentos protagonizados por menores, con ser tremendo logro, deja un retrogusto amargo. En el mundillo forense y policial se maneja que cuando un rapiñero es detenido ya cometió 8 o 9 rapiñas. Pudo caer en la primera o en la vigésimo cuarta, pero en el imaginario de esos grupos se maneja el entorno de la decena.

Seamos austeros, pensemos que cada menor detenido por rapiña había cometido al menos cinco de esos delitos. La diferencia entre las rapiñas que los adolescentes que entraban y salían del INAU con las ocurridas cuando las autoridades decidieron poner candado son casi 200. O sea que unas mil personas se habrían evitado pasar por la horrible situación de ser rapiñada. Eso si no estaba con su amiga, su hermana, su hijo. O todos a la vez. Pueden ser, y seguro son, miles las personas traumatizadas que se podían haber evitado el trámite si unos señores a los que se les paga el sueldo para que encierren y reeduquen a esos muchachos, los dejaban irse. Y se sabía. Y hubo muertos. De 41 a 20 se bajó, según Sayagués, la cantidad de homicidios gracias a que se terminaron las fugas. Veintiún uruguayos que, quizá, se podrían haber salvado. Nunca nadie fue procesado por esta causa. Criminal.

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