Militares alertan que con nuevo impuesto peligran las FFAA

Ocho organizaciones que nuclean a militares retirados advirtieron que si el 1º de enero de 2017 entra en vigencia el impuesto a los retiros y pensiones militares que impulsa el gobierno, las Fuerzas Armadas perderán "capacidad operacional".

La Comisión de Hacienda del Senado recibió el 3 de noviembre a representantes del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, el Centro Militar, el Club Fuerza Aérea, el Club Naval, el Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar, el Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas, el Círculo Militar y el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas quienes presentaron sus argumentos y valoraciones en torno al proyecto de ley.

El general Hebert Fígoli, coordinador del equipo de análisis de la Seguridad Social Militar, dijo que la aplicación del nuevo impuesto afectará negativamente la retención del personal en actividad, particularmente el técnico y especializado. "Va de suyo que ello implicará la pérdida de la capacidad operacional de sus tres componentes: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Uruguaya", alertó.

Fígoli dijo que el nuevo impuesto "resultaría igual a un nuevo IASS más un 45%", lo que implicaría que los retirados o pensionistas militares tengan que pagar dos tributos de la misma naturaleza. "Seríamos, entonces, los únicos pasivos del Uruguay a quienes se aplica una doble imposición ante el mismo hecho o agente generador, lo que viola el principio de igualdad contemplado en la Constitución", argumentó.

El general señaló que es "absurdo" que se pretenda disminuir el déficit que suponen los retiros y pensiones castrenses mediante un impuesto, de la misma manera que sería "absurdo crear un impuesto a los funcionarios de Ancap para financiar el déficit de la empresa".

Fígoli manifestó que el impacto del nuevo impuesto sumado al IASS provocará que muchos militares paguen "casi el 50%" de sus haberes de retiro.

Para el general el impuesto "viola la capacidad contributiva" ya que no es progresivo y es "discriminatorio" porque el Servicio de Retiros y Pensiones "no es el único servicio de seguridad social que recibe asistencia financiera del Estado, pero es el único que da cobertura exclusivamente a funcionarios del Estado".

Los militares alegaron que el impuesto lesiona derechos adquiridos y es "injusto", en tanto que genera un cambio de reglas a una edad avanzada para quienes están retirados.

El exvicepresidente, Gonzalo Aguirre -quien también compareció ante la comisión-, opinó que la norma será inconstitucional en tanto que "hay una inconciliabilidad absoluta" con el sistema instaurado en el artículo 67 de la Constitución de la República en los dos agregados de la reforma del año 1989. Además afirmó que, en la práctica el tributo no funciona como un impuesto sino como "una rebaja de la pasividad", lo cual es "inadmisible" a su juicio.