Militares irán a la Suprema Corte para impugnar impuesto

Oficiales retirados molestos con el gobierno hacen gestiones en el Parlamento
Dos decisiones están claras: la del gobierno de imponer un impuesto a jubilaciones y pensiones de militares con cierto rango, y la de éstos de ir al otro día de aprobada la ley a golpear la puerta de la Suprema Corte de Justicia para que lo declare inconstitucional.

De hecho, según supo El Observador, varios estudios jurídicos como Ferrere, Guyer & Regules, y el del exvicepresidente de la República Gonzalo Aguirre ya ofrecieron sus servicios –hasta con el detalle de lo que cobrarán– para presentar recursos de inconstitucionalidad.

El proyecto del Poder Ejecutivo comenzó a discutirse en la comisión de Hacienda del Senado y es parte de la reforma a la que será sometido el sistema previsional de los militares. El Frente hoy no tiene los votos asegurados para aprobarlo (ver apunte).

El impuesto, según fuentes militares de El Observador, cambió el ánimo de los uniformados y "levantó temperatura en la interna".

Señal de la disconformidad con la decisión del gobierno es la magnitud que tuvo la asamblea donde participaron 2.000 efectivos de rango –de sargento para arriba–, que el 17 de octubre se reunió en el club de la Fuerza Aérea.

Ahí se informó del impacto del impuesto. Además hubo asambleas con cientos de participantes en el interior, donde el malestar era latente, contaron participantes.
"Es una medida financiera para mitigar el déficit del gobierno, pero también con clara intencionalidad política", se afirma en un documento que elaboraron los militares retirados al que accedió El Observador.

También que el nuevo impuesto "viola el principio de igualdad, el criterio es confiscatorio, es discriminatorio y de dudosa constitucionalidad".

El general retirado Hébert Fígoli –que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez se mencionó para ser su primer comandante en jefe del Ejército– encabeza ahora un equipo que intenta convencer a legisladores de "la injusticia" de aplicar un nuevo impuesto al que ya decidieron recurrir ante la Suprema Corte.

Los militares pagan además por el IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) unos US$ 32 millones al año.

El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, planteó el tema en el consejo de Ministros para explicar que las cuentas de Economía no estaban en línea con los estudios realizados a nivel militar.

El ministro de Economía, Danilo Astori, le habló con dureza a Menéndez, según supo El Observador.
Un punto de discusión es que se paguen jubilaciones superiores de $ 340 mil, cuando en realidad según los retirados sólo una persona recibe ese monto. Esa cifra fue dada en el Parlamento por el subsecretario Pablo Ferreri.

Esa jubilación existe y corresponde a un oficial cuya carrera fue reconstruida por la ley que impulsó el Frente Amplio en 2005 para beneficiar a aquellos que habían sido destituidos por la dictadura (1973-1985). La mayor prestación nominal que abona el Servicio de Retiro es de $ 209 mil y la cantidad de pasividades superiores a $ 200 mil son quince.

El gobierno se defiende con que el impuesto no tocará a 8 de cada 10 retirados. Afectará a los que tienen sueldos nominales a partir de $ 50.100, es decir a algo menos de 7.000 personas.

Para el gobierno, que busca mejorar las cuentas, el déficit del Servicio de Retiro "es creciente" y se explica por "el deterioro" de la relación activo-pasivo, las edades tempranas de retiro, la forma de cálculo de las jubilaciones y el cómputo de servicios desde que se está en el liceo militar.

Economía proyecta recaudar US$ 40 millones al año, de un servicio que le cuesta a las arcas públicas US$ 400 millones, según datos aportados en el Parlamento.

Esos datos fueron rebatidos del lado militar a través de un comunicado del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas que molestó a las autoridades del Ministerio de Defensa.

Enojados

Fuentes militares informaron a El Observador que el ministro Menéndez hizo saber de su disconformidad con el contenido del texto que luego fue quitado del portal de los retirados. En ese comunicado –en poder de El Observador– se exponen cifras que contrastan con la visión de Economía.

El texto circula ahora en "redes castrenses", se informó.
El Servicio de Retiros aseguró que del total de transferencias que realizó el Estado a la seguridad social, "80% correspondió al Banco de Previsión Social y 15%" a la previsión militar.

El año pasado la asistencia para pagar las jubilaciones militares fueron US$ 337 millones y no US$ 400 millones como afirmó Ferreri.

El general Fígoli dijo a El Observador que el impuesto proyectado tendrá "un impacto social" sobre gente que está pagando cuotas al Banco Hipotecario, "en un momento de la vida donde por su edad están desprotegidos y no pueden ir a trabajar". También alertó por "el impacto económico en zonas del interior" donde el comercio depende en buena medida del gasto que hacen los militares, y también está "el impacto en la carrera", al ser el impuesto un factor "que desmotiva", opinó.

En un informe de los retirados se afirma: "el futuro económico es complicado".

"En ninguna crisis a nuestros gobernantes se les ocurrió tomar el dinero que le corresponde a los jubilados y pensionistas", agrega.

Además, plantean que si la situación empeora, el gobierno podrá ir por las jubilaciones de los demás. l

Buscan el voto 50

En la cámara baja, la negociación por los votos para aprobar el nuevo impuesto a los retirados militares volverá a ser intensa. Es que el Frente Amplio debe construir una mayoría que al día de hoy no está asegurada.

El diputado Gonzalo Mujica informó a El Observador que no acompañará ese impuesto. Incluso recordó que presentó un proyecto para eliminar el tope a las jubilaciones, que sus colegas del Frente no respaldarán.

La falta de ese voto 50 el oficialismo la neutralizará al tener el apoyo de Eduardo Rubio (Unidad Popular). Sin embargo, el impuesto a los militares aún genera dudas en legisladores de izquierda.

El diputado Sergio Mier de la Liga Federal comentó a El Observador que aún no resolvió qué votará. "Escuché buenos argumentos de las dos partes", afirmó Mier.

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