Militares retirados comenzaron a definir las acciones que impulsarán en rechazo a la reforma de la
caja militar que el Poder Ejecutivo pretende aplicar en un proyecto de ley que pasó a estudio del Parlamento. Entre ellas tienen previsto un centenar de recursos de inconstitucionalidad y acciones por "daños y prejuicios".
El Poder Ejecutivo quiere reducir el déficit de la Caja Militar que arroja pérdidas anuales de US$ 450 millones. La reforma que se evalúa impulsar pretende dejar sin efecto el régimen jubilatorio vigente desde 1974 que permite a los uniformados pasar a retiro con 20 años de servicio y menos de 50 años de edad.
Ahora, el cuerpo de retirados militares ha dado un paso más. El presidente del
Centro Militar, el coronel retirado Carlos Silva, envió este miércoles un correo a los casi 4.000 afiliados del centro y a los miembros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los oficiales de las Fuerzas Armadas, consultando sobre quién desea ser patrocinado en la defensa del proyecto de ley. Según dijo a El País, a las 8 de la mañana del pasado jueves ya había recibido cerca de 500 correos afirmativos.
"Están todos enojados, como locos, es una medida discriminatoria y casi confiscatoria porque si se suma el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que en enero va a aumentar por la Rendición de Cuentas, lo que pagamos a la Sanidad Militar de la que no nos podemos borrar, si queremos ser socios de una mutualista la tenemos que pagar aparte, y ahora esto, llegamos a casi el 45% del ingreso nominal. Estamos hablando de que nos van a retener casi la mitad de los haberes que los oficiales reciben a los 60 años, después de trabajar toda la vida te los sacan", dijo Silva.
En ese sentido, los retirados tienen pensado impulsar cientos de recursos de inconstitucionalidad contra el proyecto, además de promover una acción por "daños y prejuicios" que se les puedan ocasionar. El coronel retirado Hebert Fígoli también dijo a El País que los retirados se reunirán el próximo lunes en el Club de la Fuerza Aérea para definir las medidas a tomar. Durante la reunión se prevé analizar un informe jurídico encargado al estudio Guyer & Regules.