Ministerio de Economía deberá pagar $900 millones al Poder Judicial

El monto corresponde a los aumentos salariales pautados en el gobierno de Mujica, y que no han sido efectivizados

Luego de que el pasado 30 de marzo el Tribunal de Apelaciones confirmara el fallo a favor de los trabajadores judiciales, el juzgado letrado de Primera Instancia en lo Civil 19º envió un documento al Ministerio de Economía en el que le informa que debe depositar los $900 millones de aumentos salariales impagos en la cuenta de la Suprema Corte de Justicia.

"Después de más de 5 años de gestiones y dos años de juicio, los trabajadores judiciales hemos recibido con satisfacción la confirmación de la Justicia en el reclamo de nuestros derechos y la obligación del Estado de hacer frente al pago de los créditos salariales que nos corresponden", dice un comunicado de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU).

Consultado por El Observador el secretario general, Carlos Fessler, afirmó que se trata del fin de un juicio que los trabajadores iniciaron en 2014, en reclamo por el pago de una actualización salarial. Ese ajuste deriva del aumento previsto en la ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica (2010-2015) para los magistrados, a los que los funcionarios están legalmente "enganchados".

Así, el Ministerio de Economía "deberá depositar la suma de $936.993.561,20 en la cuenta BROU Suprema Corte de Justicia – Retribuciones Personales", que se corresponden a los "aumentos generados impagos" desde el 23 de diciembre de 2012 en adelante, más los reajustes e intereses.

El Poder Ejecutivo deberá además adecuar los salarios.

Sin embargo, según explicó Fessler, el gobierno aprobó en la última Rendición de Cuentas un artículo en el que da potestad al gobierno para analizar cómo y cuándo pagará los reclamos salariales de los funcionarios públicos.

Para los judiciales, se trata de un "blindaje" que "desde todo punto de vista es inconstitucional" ya que el Estado pone en una condición de ventaja al poder diferir las sentencias sin un plazo de cobro, y por lo que ya recurrieron. "Lo que aspiramos es que con madurez el Poder Ejecutivo convoque a quienes ganaron un juicio y diga que reconoce la sentencia y dé posibilidades para hacer efectivo el pago", señaló el secretario general de AFJU.

Afirmó por otra parte que esperan que el gobierno los convoque para dialogar sobre la forma de pago. En caso de que esta semana la convocatoria no llegue, los trabajadores pedirán una reunión al Ministerio de Economía. "Si hoy el Estado no quisiera encontrar los caminos en un plazo de unos meses no va a quedar más remedio y no va a haber ninguna posibilidad de encontrar salida de acuerdo", dijo Fessler, quien no tiene dudas de que el artículo 733 de la Rendición de Cuentas será declarado inconstitucional.



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