Ministerio de Salud auditará la gestión de los pagos del Fonasa

Una mujer quedó detenida por la investigación de estafa y declara hoy
El Ministerio de Salud Pública (MSP) ordenó dos auditorías internas relacionadas con las afiliaciones a mutualistas de quienes aportan al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). El ministro Jorge Basso informó ayer a la Comisión de Salud del Senado que, luego que la Justicia iniciara una investigación por una estafa al Fonasa a través de afiliaciones truchas –por las que ya hay seis procesados- se solicitó un estudio sobre los procesos internos por órdenes de pago y cuotas Fonasa a la Junta Nacional de Salud (Junasa).

En la resolución que la ordena, que tiene tres días, se aclara que dependiendo de los resultados se puede iniciar una investigación administrativa, informaron participantes de la sesión de la comisión a El Observador.

La segunda resolución refiere a la solicitud de un análisis de la evolución de los movimientos de los usuarios en el último período del corralito mutual, correspondiente a febrero de este año.
Las audiencias judiciales en torno a la estafa millonaria se retomaron ayer con nuevas citaciones de testigos. Una persona quedó detenida y seguirá declarando hoy, informaron fuentes vinculadas a la investigación a El Observador. La detenida es una mujer que trabajaba como promotora de una de las seis mutualistas involucradas en la maniobra y, según las fuentes, es probable que hoy la jueza penal Julia Staricco la termine procesando.


A su vez, la magistrada solicitó a la Policía que ubique a otras personas para que sean conducidas hoy a declarar. Se supone que una de ellas trabajaba reclutando afiliados para los centros de salud y los hacía firmar un formulario por el que figuraban como empleados de empresas que en realidad eran truchas. Se cree que las otras dos realizaban tareas de promoción de los prestadores.

Mientras en la sede penal se siguen tomando declaraciones, la investigación policial tiene tres focos. En primer lugar, apunta a comprobar que las 31 mil cédulas encontradas en un allanamiento realizado en la casa de Christian Martín, el joven de 23 años procesado con prisión por estafa el viernes 24, sean efectivamente de personas que fueron anotadas en mutualistas como socios Fonasa y por las que las mutualistas cobraban dinero que les pagaba el Estado.

En segundo lugar, se continúa investigando si dentro del Banco de Previsión Social (BPS), especialmente en el área de altas y bajas de empleados, hay algún involucrado en la maniobra. Por último, hay una indagatoria en torno a seis mutualistas de Montevideo.

La mayoría de las mutualistas se pusieron a disposición de la Justica para aportar datos. En un comunicado emitido en conjunto, las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) nucleadas en la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud la Federación de Prestadores Médicos del Interior (FEPREMI), y Médica Uruguaya "manifiestan su más firme compromiso de colaborar con la labor de la Justicia para que se esclarezcan totalmente los hechos y se identifiquen los responsables".

Esas instituciones solicitaron una reunión "de carácter urgente" a la Junasa con el objetivo de "proponer la conformación de un ámbito de trabajo específico en el cual se analicen estrategias y propuestas que impidan la realización de cualquier maniobra futura en perjuicio del Fonasa"

"Hasta el fondo"

Una vez que termine la investigación judicial por la estafa, el MSP accionará recursos para resarcirse del dinero que perdió. Así lo afirmó el ministro Basso, este martes luego de comparecer ante la comisión de Salud del Senado. "Nos interesa dar una clara señal de que vamos a tratar de recuperar ese dinero. Es clave la resolución de la Justicia", afirmó Basso y dijo que se irá "hasta el fondo" en este asunto.
Por su parte, el senador Javier García (Partido Nacional) dijo que se maneja que la cifra de dinero perdido por el Estado va desde cientos de miles de dólares hasta US$ 5 millones.

En tanto, Rosario Oiz, directiva del BPS, que también compareció ayer en la comisión, afirmó que, según una investigación interna del organismo, las empresas a nombre de uno de los procesados eran 12 y no 80 como declaró ante la Justicia.

La jerarca dijo que "nadie puede tener 80 empresas a su nombre" porque el sistema del BPS no lo permite y aclaró que la investigación no está terminada.

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