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Ministro considera que servicio de aseguradoras a Uber es ilegal

El BSE habilitó una póliza con responsabilidad civil para terceros pero no pide licencia profesional
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20 de enero de 2016 a las 13:00
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, criticó que el Banco de Seguros del Estado (BSE) ofrezca servicios de seguro para conductores de Uber y aseguró que tiene dudas sobre la legalidad de que se haga cargo de la responsabilidad sobre terceros para una actividad que se da "por debajo de la mesa".

Consultado por El Observador luego de la presentación de los proyectos para Participación Público Privada de su cartera, el ministro Rossi dijo que si las aseguradoras se hacen cargo de las consecuencias sobre terceros "de un servicio cumplido por personas que no están preparadas para cumplir el servicio", podrían caer en la ilegalidad.

"Voy a asesorarme pero creo que (las aseguradoras) no están cumpliendo con la ley", afirmó el titular de Transporte.

El BSE habilitó un seguro especial para "vehículos que transporten pasajeros de forma onerosa sin estar regulados", que deberán comprar una póliza con destino a "Remise" y para lo que no será necesario que los conductores posean licencia de conducir categoría E, que es la que se exige para conducir taxímetros, remises y vehículos de hasta 9 pasajeros.

"Me hace acordar a la quiniela clandestina: ¿Quiere seguro para la actividad ordenada o seguro para la actividad por debajo de la mesa? Creo que tiene que ser un país serio", dijo el ministro.

"El transporte de terceros, así como el de cargo, es un transporte profesional y exige que quien cumple con la conducción esté preparado", explicó el ministro. En los países organizados eso tiene que estar controlado, dijo Rossi, ya que el usuario tiene que tener la certeza de quién se hace cargo de sus derechos cuando es perjudicado.

El ministro aseguró por otra parte que el gobierno no está en contra de la tecnología, una de las conclusiones de la comisión interministerial para analizar la llegada de Uber, ni contra la libertad de que empresas desarrollen nuevas modalidades pero que deben cumplir "determinadas normas que existen para darle seguridad a todos los usuarios".

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