Montaña rusa brasileña

La inestabilidad política que hay por estas horas en Brasil no admite más calificativos que los hechos: el expresidente Lula da Silva asumió como ministro de la Presidencia, un juez frenó su designación y el Legislativo accedió a dar trámite al pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Todo esto, en medio de manifestaciones de protestas y apoyos, y con un frente abierto entre el Ejecutivo y el Judicial.

La jornada comenzó bien para la mandataria, sospechosa ella también de haber participado en el gran caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Condujo una ceremonia en la que designó a su antecesor, Lula, como su principal ministro, en el marco de un discurso en el que se dio el lujo de criticar a quienes el día anterior filtraron a la prensa un audio donde se la escucha decir que haría las diligencias para que Lula tuviera el decreto con su nombramiento, "en caso de necesidad".

En efecto, el ministerio da al expresidente cierta inmunidad ante la Justicia, precisamente una semana después de que la Fiscalía pidiera su prisión preventiva por ser sospechoso de corrupción, además de estar acusado por enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.

Según Rousseff, la divulgación de esas grabaciones tuvieron como objetivo "convulsionar a la sociedad brasileña con métodos oscuros y criticables, viola los principios y garantías constitucionales, los derechos de los ciudadanos y abre precedentes gravísimos". "Los golpes (de Estado) comienzan así", sentenció.

Es cierto que se quejó de "los gritos de los golpistas" y de los que quieren "provocar el caos y la convulsión social", pero igualmente llamó a un diálogo a los que "buscan el bien de Brasil". Todo eso mientras decenas de parlamentarios de la base oficialista gritaban que "no habrá golpe", y otros de la oposición repetían la palabra "vergüenza".

Los duelos entre unos y otros se repitieron en las afueras del Palacio de Planalto y en otras ciudades donde hubo manifestaciones y cacerolazos. En el acto, Rousseff presentó a Lula como el "mayor líder político del país". El halagado no hizo declaraciones y se fue del salón rodeado de custodios, asistentes, políticos y periodistas.

Pero el respaldo le duró poco.

Cuarenta minutos después, un juez de la capital frenó la designación con una medida cautelar. En su escrito, el magistrado sugirió que Rousseff podría haber cometido un delito y argumentó que si el expresidente asume el puesto, tendrá poder para realizar una "intervención indebida y odiosa" en la Policía, la Fiscalía y el poder judicial.

La acción del juez respondió a una demanda presentada por los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la Justicia contra el exmandatario. El juez también señaló que Rousseff podría haber incurrido en un delito de "responsabilidad" al nombrar a Lula, puesto que la ley veta al presidente de la República cometer actos contra "la probidad" de la administración pública.
Los delitos de "responsabilidad" son motivo para iniciar un juicio político con el objetivo de destituir al jefe de Estado.

Ministro sin ejercicio

A la luz de esta acción judicial, Lula es en efecto ministro de la Presidencia pero no podrá ejercer las funciones del cargo hasta que se resuelva la decisión, según precisó el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo.

Lula "está con un impedimento en el ejercicio de los actos, pero está investido", señaló Cardozo en rueda de prensa. El cargo no está vacante, pese a que los opositores sostienen que no puede ser nombrado ministro mientras es investigado.

Cardozo no explicó si tras la decisión judicial Lula continúa aforado o no, aunque recalcó que esa cuestión "no preocupa al gobierno".

Es que, según la versión oficial, la designación del expresidente no fue para blindarlo sino para que diera mayor solidez al gobierno de Rousseff.

Lucha de poderes

De fondo hay una creciente tensión entre la Justicia y el poder Ejecutivo. De un lado, la mandataria acusó ayer que "no hay justicia" cuando se "violan" las garantías constitucionales de la presidenta. Y del otro, el fiscal del caso, Deltan Dallagnol, salió literalmente a la calle y pidió el micrófono para pedir que se mantenga la independencia del Poder Judicial.

"La fiscalía brasileña y la justicia no se amedrentarán y darán fiel cumplimiento a la Constitución y a las leyes (...). Todos somos iguales ante la ley", señaló en un acto improvisado.

Y Dilma también

Por si esto fuera poco, la Cámara de Diputados decidió retomar el proceso de cara a un posible juicio político contra la jefa de Estado. Según se resolvió ayer en el Legislativo, la suerte de la mandataria quedó en manos de 65 diputados que integrarán una comisión. Ellos serán los que determinarán si existen méritos jurídicos para la apertura de un proceso con miras a su destitución.

El proceso puede prolongarse durante meses y estirar aún más la crisis. Las acusaciones contra Rousseff, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas irregularidades cometidas por el gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

El proceso comenzó en diciembre pasado, pero fue interrumpido por "errores de procedimiento" detectados por la Corte Suprema. Se retomó ayer, contaminado por el agravamiento de la aguda y creciente crisis política del país.