MSP reforzará el apoyo a las mujeres que quieran abortar

De hecho, si un médico que interpuso la objeción de conciencia para no realizar o indicar abortos trabaja en más de una institución, cada una deberá entregar una fotocopia del escrito donde se constata que ese especialista no realiza las intervenciones.

Para que la atención a las pacientes no se resienta a partir de la resolución del TCA, Basso sostuvo que se hará hincapié en coordinar con todos los centros de salud que los equipos interdisciplinarios que participan de las entrevistas con las mujeres que quieren abortar –formados por un ginecólogo, un especialista en salud mental y un trabajador social– estén disponibles cuando la mujer los necesite.

El MSP remarcó que la ley sigue vigente y que por lo tanto el Estado "garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos", según expresó esa cartera en un comunicado. El objetivo del Ministerio es "disminuir las barreras en el proceso de atención".

De los 100 médicos, 20 ginecólogos se presentaron ante el TCA

La directora de Iniciativas Sanitarias del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Ana Labandera, sostuvo que la postura del MSP sobre el fallo evitó que hubiera una barrera a la aplicación correcta de la ley (ver En línea). "Si el MSP no hubiera salido a hacer declaraciones, hubiera sido mucho peor", dijo a El Observador.

Labandera, que dirige una institución encargada de asesorar a las mujeres que manifiestan querer interrumpir su embarazo, sostuvo que la ley se reglamentará para que haya más garantías para ellas. "Que sea libre de interferencias, de que le den un consejo, de que no las atiendan. Cada servicio tiene que ser brindado en tiempo y forma. Esta ley fue sancionada por legisladores que representaron al pueblo; esto fue mucho más fuerte que un decreto, que un tribunal administrativo. Se ratificó por el plebiscito del pueblo y las mujeres la usan, saben que está, se atienden. Los servicios están funcionando", afirmó.

Por otro lado, el ginecólogo Ricardo Pou, uno de los que presentó el recurso ante el TCA, sostuvo que con la resolución del organismo los derechos que consideraban vulnerados pasaban a ser tenidos en cuenta, especialmente el relativo a la objeción de conciencia. El decreto permitía objetar solamente al momento de realizar el aborto (recetar los medicamentos o hacer el legrado), pero debían participar de las entrevistas con el equipo interdisciplinario y firmar el formulario de interrupción voluntaria del embarazo.

Por su parte, la organización Mujer y Salud en Uruguay aseguró que llevará a cabo una movilización en repudio al fallo del TCA, que permite que todos los ginecólogos puedan abstenerse de participar en cualquier momento del proceso de aborto de una mujer. La directora de la organización, Lilián Abracinskas, dijo a El Observador que el fallo es "mezquino" porque pone a los profesionales por encima de los derechos de las mujeres y "perjudica" a las más vulnerables.

Legisladoras

La senadora del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo a El Observador que se reunirá con las legisladoras que trabajaron en la redacción de la ley para despenalizar el aborto con el fin de analizar los pasos a seguir.

"Es un obstáculo pero tenemos que tener claro que la ley está vigente. Habrá que instrumentar que no sean las mujeres quienes paguen el plato roto", afirmó la senadora a la prensa.