Mucho más que un conflicto en la educación

Uruguay es un país raro, dicen los expertos extranjeros cuando vienen a analizar la política local. Muy lejos de lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, donde los partidos nacen y mueren de un ciclo a otro, el peso de los grupos políticos uruguayos es mucho más relevante que el de los candidatos o los líderes.

Por eso, el riesgo de que esa desconexión entre el presidente y el partido afecte la gobernabilidad durante los largos cuatro años y medio que quedan por delante es mucho más fuerte de lo que parece, si el mandatario no realiza cambios concretos y rápidos.

Una decisión tomada ayer por una comisión de la Cámara de Diputados, que al igual que todos los organismos parlamentarios es dominada por el Frente Amplio, sienta un precedente muy caro.

La comisión de Legislación del Trabajo aprobó una resolución en la que le pide al gobierno que levante la esencialidad. La votaron todos los integrantes oficialistas y del Partido Nacional y solo tuvo el voto contrario del colorado Fernando Amado, que parecía un legislador oficialista y no opositor al argumentar en contra.

La resolución no tiene ningún valor práctico, pero tiene un peso simbólico muy fuerte: rompe con 10 años de una unidad de acción inquebrantable en la izquierda. Salvo con el tema del aborto, en lo que no hubo un mandato político de votar unidos, la izquierda siempre resolvió sus diferencias a la interna antes de llevarlas a un ámbito formal del Parlamento.

En este caso concreto de la esencialidad en la educación el Poder Legislativo no tiene mucho para hacer, salvo aprobar una ley que modifique la norma de 1968 e indirectamente derogue la resolución de Vázquez, algo que está en la cabeza de algunos dirigentes radicales.

Pero más allá de esa idea loca, la señal es fuerte de cara a futuras decisiones en las que naturalmente la bancada oficialista se va a tener que involucrar. Sin ir más lejos, en dos días, el próximo lunes, el Poder Ejecutivo entregará el Presupuesto al Parlamento. Y los sectores más desalineados con el presidente ya anunciaron que van por todo. El Movimiento de Participación Popular (MPP) ya hizo explícito en una declaración su “compromiso” de realizar modificaciones al proyecto de ley “para asegurar una mejor educación pública”.

¿Hasta dónde irán? Es difícil saberlo. Pero las certezas de que la unidad de acción no estaba en juego, ahora ya no son tales.

La soledad de Vázquez es complicada para frenar eso. Todos los presidentes, desde la restauración democrática hasta ahora, tuvieron fuertes operadores en su entorno que se encargaron de hacer cohesionar al partido de gobierno, la bancada oficialista y el Poder Ejecutivo. Sin ir más lejos, el propio Vázquez lo tuvo en la primera administración. Gonzalo Fernández fue un actor clave, al igual que lo fue Diego Cánepa para José Mujica o Leonardo Costa para Jorge Batlle.

En el gobierno de hoy, Vázquez no tiene ningún articulador de ese tipo. El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, es un abogado en el que el presidente tiene mucha confianza, pero no es un político que haya asumido ese rol de coordinación y tampoco el prosecretario Juan Andrés Roballo decidió ocupar ese lugar.

Por si fuera poco, sin Mónica Xavier en la presidencia del Frente Amplio, tampoco tiene un articulador natural en la fuerza política con quien dialogar.

A diferencia de Mujica, Vázquez no es de los que tiene una marcha atrás fácil y no le gusta nada perder.

Pero ahora está acorralado y no solo en la esencialidad con la educación. Si no quiere perder la batalla de fondo, va a tener que cambiar la estrategia y volver a ser el político encantador que logró unir tiempo atrás a todo el Frente Amplio detrás de él.