Mujica: si ICIR es inconstitucional, hay que reformar la Constitución

Para el presidente José Mujica, si el impuesto a la concentración de tierras es inconstitucional, se debe reformar la Constitución. La idea de que los grandes propietarios de tierra paguen más impuestos sigue en la cabeza del mandatario.
Aunque es inminente el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), el mandatario no está dispuesto a bajar los brazos, porque entiende que es algo “moralmente defendible”.

Los grandes terratenientes están en la mira del presidente, al punto que ayer, en la audición de radio M24, manejó la posibilidad de introducir cambios en la Constitución para poder aumentarles la carga impositiva.

“Al parecer la Constitución se opondría a que pague más el que más se beneficia. Entonces, habrá que plantearse cambios constitucionales”, dijo. “Los gobiernos pueden subir aranceles, subir el IVA a los consumidores, el IRPF, tasas, etcétera, pero no pueden gravar la concentración de la tierra”, afirmó.

El fallo
La SCJ declarará inconstitucional el ICIR por cuatro votos a uno entre sus cinco ministros, según informó ayer el semanario Búsqueda.

Los votos de los ministros venían dos a dos (Jorge Chediak y Jorge Larrieux por la inconstitucionalidad y Jorge Ruibal y Ricardo Pérez Manrique a favor de la norma) y con la llegada del nuevo ministro Julio César Chalar se definió la votación a favor de la inconstitucionalidad. A ello se sumó que Ruibal cambió de opinión porque le convencieron los argumentos de la mayoría.

Los recursos presentados plantean que los artículos 1, 2, 10 y 11 de la ley 18.876 del 29 de diciembre de 2011, violan los artículos 256 a 260 de la Constitución. Básicamente plantean que se viola la autonomía financiera de los gobiernos departamentales y que la ley fija una superposición de impuestos.

Los ministros de la Corte por mayoría comparten el argumento de que el ICIR no es un adicional, como se plantea, sino un impuesto departamental que tiene un hecho generador propio. Cuestiona que no se lo determina tomando como base de cálculo la contribución inmobiliaria rural y porque su monto no es inferior al del tributo departamental al que supuestamente accede.

Los magistrados tienen discrepancias en temas formales debido a que la Constitución señala que para presentar una acción de inconstitucionalidad se debe tener un interés “directo, personal y legítimo”. Algunos de los magistrados entienden que los particulares no tienen legitimación para plantear que se lesiona la autonomía municipal y que solo las intendencias pueden impugnar la ley que creó el impuesto.

Ese punto puede generar que algunos recursos presentados pueden ser rechazados, pero, de todas formas, la mayoría de los ministros concuerda en que el “tema de fondo” es inconstitucional.

Mujica
En medio de ese panorama, el gobierno ya ajusta detalles para implementar un nuevo impuesto que permita recaudar una cifra similar a lo que estaba previsto con el ICIR (US$ 60 millones) para ser volcado en primera instancia a la compra de maquinaria destinada a la reparación de caminería rural. El ICIR ya comenzó a cobrarse en diciembre pasado, y se llevan recaudados U$S 10 millones, según datos de la Dirección General Impositiva.

El presidente dijo ayer que acatará el fallo de la SCJ porque las decisiones de la Justicia “hay que obedecerlas”, pero dejó la puerta abierta para introducir más cambios porque está convencido de que “la bonanza del país ha hecho posible la suba del valor” de la tierra.

“Todo envejece y todo pierde valor, menos la tierra. Eso es una ley de hierro. Por eso, este es un bien que no se puede comparar con el resto (…) Lo que hace ocho años valía unos US$ 400, hoy vale US$ 5.000 o a veces más”, comentó el mandatario, quien consideró que el aporte de los grandes propietarios es “profundamente defendible desde el punto de vista ético”.