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Municipio de Aguas Corrientes reclama al Estado por daños de OSE

Autoridades municipales de la localidad exigen un solución al tratamiento de los lodos de la planta potabilizadora
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19 de octubre de 2017 a las 14:44
Las autoridades municipales de Aguas Corrientes, Canelones, exigieron este jueves a través de una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) una "solución" bajo el rótulo de "grave y urgente" para el tratamiento de los lodos generados por la planta potabilizadora de agua de OSE en la localidad.

Según asegura el escrito, impulsado por el alcalde de la localidad, Álvaro Alfonso, y por los cosejales, la falta de tratamiento de esos lodos ha generado diversos daños en la zona, que afectan a la población, y pide por tanto a la Inddhh que "estipule el resarcimiento económico correspondiente".

La denuncia es contra el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda, OSE, el ministerio de Salud, el de Turismo y contra los poderes Legislativo y Judicial, ya que entienden que violaron los derechos humanos, y que no cumplen con el artículo 47 de la Constitución ni con las leyes para preservar el medio ambiente.

"El problema de los lodos tiene muchas décadas, pero se acentuó dramáticamente en los últimos 10 años, producto de la contaminación del Río Santa Lucía", se afirma en la denuncia. Según se detalla, ya en 1998 el entonces edil departamental, Raúl Estramil, denunciaba que los "barros contaminantes causan enormes perjuicios a los vecinos de la Villa". OSE respondió entonces que elaboraría un proyecto ejecutivo para tratar los barros, que consistía en deshidratarlos y disponerlos mediante un entierro sanitario.

Sin embargo, denuncian las autoridades municipales, esos lodos contaminantes siguen actualmente sin tratamiento.

"Los lodos no solo han destruido el cauce, también el monte nativo, y ahora ya directamente atacan a la población, los clubes Palermo ATC, Club Náutico Aguas Corrientes, pero también las fincas de pobladores que viven cerca del río Santa Lucía. Están minando a toda la comunidad, social, sanitaria y económicamente", señala la denuncia. Los daños se confirman, según se cita, en un informe técnico de OSE.

Así, el "Estado está decretando la muerte de la comunidad", indica el texto de la denuncia.

La Usina de Aguas Corrientes, ubicada sobre el río Santa Lucía, abastece a 1.800.000 personas, casi el 70% de la población del país, por lo que el tratamiento de los restos de la potabilización estuvo también dentro de las 11 medidas anunciadas por el gobierno en 2013 para solucionar la situación de la Cuenca del río Santa Lucía. Pero, según el escrito elaborado por Alfonso, tampoco hubo avances en ese sentido.

En 2015 hubo un nuevo anuncio: se haría un llamado a licitación para que las obras comenzaran antes de 2019. La inversión fue proyectada para el periodo 2017-2031, "como una inversión a mediano y largo plazo", pero para las autoridades municipales, se ha llegado al límite.

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