Murro dijo a el diario
El País que la situación de estos trabajadores "se va a regularizar" y que "la posición del ministerio es clarísima" sobre que el "salario debe llevar aportes". Sin embargo, dijo que el caso de ALUR "es parte del proceso de formalización que se está haciendo en el país" y, por lo tanto, no hay que poner "el grito en el cielo" por un tema que "son $ 600 por mes".
"Lo que está funcionando ahí es un consejo de salarios. Estamos hablando de $ 7.500 por año por trabajador. Esto es parte del proceso de formalización que se está haciendo en el país, histórica, notable, en el sector privado y en el sector público. Entonces no pongan el grito en el cielo por un tema que, reitero, son $ 600 por mes", sostuvo.
"Cuando la Intendencia de Canelones tuvo que hacerse cargo de una deuda por trabajadores en negro, por no verter aportes de US$ 6 millones de los gobiernos anteriores, eso era una cosa grande e importante", agregó.
La directora en representación de los empleadores en el BPS, Elvira Domínguez, dijo ayer a El Observador que tras el pedido de ALUR, el organismo previsional "empezó a calcular" en su Asesoría Tributaria y de Recaudación (ATyR), el monto de la
deuda y las multas que eventualmente deberá abonar la empresa subsidiaria de ANCAP, que desde el año 2007 efectuó pagos por unos
$ 11 millones por año sin hacer aportes por ello.
Por su parte, Murro señaló que esta mañana se firmará un preacuerdo entre los plantadores de caña de azúcar y los trabajadores para que la "partida de fin de zafra" finalmente pague aportes previsionales. A su vez, ALUR firmará un convenio para pagar al BPS retroactivamente los aportes.