Mutualistas esperan negociar con el gobierno

Las reuniones entre las mutualistas son permanentes en los últimos días. Luego de que el gobierno les anunciara que está previsto que los ingresos que reciben por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se recorten 2% por cada cápita, los prestadores privados comenzaron a analizar posibles escenarios si la rebaja se concreta. En contraposición a lo calculado por la Junta Nacional de Salud (Junasa) en los últimos tres años, las empresas estiman que para equilibrar sus números y no seguir aumentando el déficit que poseen actualmente –que suma unos US$ 131 millones solo en Montevideo– el valor de las cápitas debería aumentar 4%.

Todavía quedan varios encuentros con el gobierno, en el que los prestadores apuntan a flexilibilizar el porcentaje anunciado. Fuentes de las empresas indicaron a El Observador que la rebaja de las cápitas generaría un desfasaje en sus finanzas. En un comunicado redactado por varias mutualistas de Montevideo luego de reunirse con el gobierno, advierten que "en el actual panorama económico, los desafíos del gobierno son mayores puesto que el sistema de salud se financia con el aporte de los trabajadores dependientes e independientes y los aportes del Estado".

Las empresas sostienen que en los últimos tres años la población Fonasa de Montevideo aumentó 14,4% y que "la necesidad asistencial aumenta más que la población". Actualmente, hay 2,1 millones de personas afiliadas a mutualistas, de las cuales 90% provienen del Fonasa.

El 2% que los ministerios de Economía y de Salud Pública quieren recortar implica unos US$ 24 millones, informó El País la semana pasada. La molestia no es ajena al interior del país. La Federación Médica del Interior (FEMI) percibe los mismos problemas y también pretende que se negocie la rebaja. Carlos Cardozo, integrante de la Federación de Prestadores de FEMI, indicó al ser entrevistado en radio Carve que de ponerse en marcha la rebaja, "se va a generar inestabilidad en el sector".

Hace algunos meses, el gobierno se había comprometido a pagar una sobrecuota de inversión, pensada principalmente para implementar en su totalidad la historia clínica electrónica, uno de los objetivos sanitarios para el quinquenio.

Sin embargo, ese dinero también está comprometido. En el último tiempo, muchas instituciones que debieron iniciar ampliaciones o reformas en sus edificios (pensando en que aumentaría la cantidad de afiliados), debieron pedir préstamos para poder continuar las obras.

Para los representantes de los centros de salud privados, la única forma de que el sistema sea sustentable es que ingresen más recursos.