Mutualistas evalúan recortar beneficios a pacientes ante crisis en el sector

Aseguran que esos recortes bajarán la calidad de atención

Representantes de las mutualistas se reunieron este viernes y evaluaron la posibilidad de recortar beneficios a sus clientes en caso de que la crisis en el sector se mantenga y no logren un acuerdo con el gobierno en cuanto al dinero que reciben por la cantidad de usuarios que tienen.

La Junta Nacional de Salud rechazó el pedido de las mutualistas de evitar los recortes al sector, en una reunión mantenida el miércoles entre el gobierno y representantes de esas instituciones. Los centros de salud aseguran que de darse los recortes se verá disminuida la calidad de la atención a los pacientes.

En el encuentro del viernes, los integrantes de las mutualistas definieron cuantificar los costos de los servicios que ofrecen y evaluar suprimirlos en caso de que el déficit se mantenga.

Entre los servicios que evaluarán están los beneficios que no se encuentran en el Programa Integral de Prestaciones ni en el Catálogo de Prestaciones Obligatorias -como placas para osteosíntesis, parto sin dolor o estudios electrofisiológicos-. También evaluarán los gastos que tienen en medicamentos de alto costo que presentan una mayor calidad que la que se exige, el costo de las certificaciones laborales por enfermedad, plan de psicoterapia, fertilización asistida, salud mental, costos de capacitación de personal, gastos por marketing y publicidad, y los montos destinados a servicios contratados.

En un próximo encuentro la semana que viene, las mutualistas pasarán en limpio cuáles de estos servicios podrían verse afectados en caso de que tengan que realizar una reestructura, confiaron a El Observador participantes de la reunión del viernes.

Entre lunes y martes de la próxima semana las mutualistas mantendrán reuniones con las cinco bancadas de la Cámara de Senadores –incluyendo el representante que responde a Edgardo Novick– para desarrollar la crisis que existe en el sector, confirmaron distintas fuentes a El Observador.

Están preocupadas porque en la última reunión no vieron señales de las autoridades de evitar los recortes. Por el contrario, el mensaje del ministro de Salud, Jorge Basso, fue que deben "utilizar mejor los recursos" porque asegura que hay una "enorme superposición de recursos y de subutilización de equipamiento, que debe ser resuelta entre prestadores privados entre sí".

Las mutualistas consideran que hay un "escenario tenso" y que hay riesgo de que se deteriore la asistencia en salud. Hasta ahora, la única salida que ven las mutualistas –si se realizan estos recortes– es disminuir los gastos y eso perjudicaría al usuario. Por otro lado, también hay riesgo de que el desequilibrio lleve al cierre de alguna institución, confirmaron a El Observador fuentes del sector.

Ocho de las 11 mutualistas acumulan déficit desde hace cuatro años, una deuda que se agrandará si tienen menores ingresos.

Semanas atrás, el gobierno anunció que tiene previsto un recorte del 2% en el valor de las cápitas –que es la cantidad de dinero que reciben por cada afiliado a través del Fondo Nacional de Salud– porque considera que están sobrevaluadas.

Contrario a lo que afirman las autoridades, las empresas consideran que se debería aumentar el valor de la cápita un 4%.

Los recortes, afirman las empresas, podrían comprometer mejoras en la infraestructura y de capacitación de los 50 mil funcionarios que trabajan en esas instituciones.

El abatimiento que pretende el gobierno del 2% de los ingresos que reciben por las cuotas por Fonasa se sumará a la partida que dejaron de recibir las mutualistas el 30 de junio, equivalente al 0,83% del valor de las cápitas que corresponde a "aumento transitorio" para compensar los problemas con la recaudación de tiques y órdenes del año pasado, y que fue pagado entre enero y junio. Si bien era una resolución transitoria, pretendían que hasta que la situación no se resolviera, ese monto permaneciera en el sector, informó un asesor de las mutualistas de Montevideo, integrante del grupo que negocia con el gobierno.

Ese 2% implicará para el gobierno unos US$ 24 millones al año que dejarán de pagarse a las mutualistas, ya que cada punto porcentual equivale a US$ 12 millones. l


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