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Nacimiento difícil pero obligatorio
A tres semanas de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) persisten dudas sobre un nacimiento saludable. A los temas de implementación que resta definir se agrega la amenaza del sindicato de los funcionarios judiciales de trabarlo. Richard Azcurrein, secretario general del gremio, anunció posibles “medidas de lucha que dificulten la puesta en marcha” del CPP, como forma de presión en el conflicto salarial que se arrastra desde 2012 por un error de la administración Mujica. Y pese a rápidos avances recientes en la organización del cambio, subsisten varios problemas. Incluyen, entre otros, acciones parlamentarias pendientes, el poco tiempo de que dispondrán abogados y funcionarios para estudiar el texto final del código y capacitarse en su aplicación y completar las modificaciones edilicias para albergar público en los juicios penales.
Hace casi una década que se encaró el cambio a un sistema acusatorio más moderno que el injusto sistema inquisitorio actual. La responsabilidad principal de los obstáculos recae sobre el Parlamento, que demoró más de tres años en aprobar el texto elaborado por una comisión de técnicos y las modificaciones que se le fueron introduciendo. La Cámara de Senadores aprobó recién la semana pasada la creación de un juez de garantía, que actuará en las etapas previas a un juicio, dejando el fallo final para un juez de sentencia. Pero aún falta sanción parlamentaria a la reforma del sistema penal de menores, acompasándolo al de los adultos. Este desfasaje fue una de las razones de que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, reclamara postergar hasta el 1º de noviembre el CPP, previsto antes para julio.
Graciela Gatti, responsable de la implementación del código por el Poder Judicial, aseguró que se ha avanzado en las obras edilicias para acomodar juicios orales y públicos, aunque admitió que restan detalles que no especificó. Y el vicepresidente del Colegio de Abogados, Gabriel Valentín, advirtió que habrá un “déficit de capacitación” por falta de tiempo para familiarizarse con un texto que todavía no ha terminado de completarse. Aunque todo indica que el CPP comenzará con falencias en algunas áreas, si se evitan obstrucciones de los funcionarios, es imprescindible que su vigencia no siga postergándose. Lo que quede pendiente habrá que arreglarlo sobre la marcha, como ha insistido el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.
El vigente sistema inquisitorio, abandonado hace tiempo por la mayoría de los países de la región y bajo el cual el juez participa en la investigación en un enredado papeleo que resta garantías, ha expuesto a Uruguay a un descrédito que hasta ha generado condena de Naciones Unidas. Bajo el nuevo código, en cambio, el fiscal investigará y acusará, el abogado del acusado lo defenderá, un juez garantizará el proceso inicial y otro dictará sentencia, todo en forma oral y ante el público. Se ganará rapidez y transparencia y se asegurarán garantías que no existen, incluyendo la limitación de la prisión preventiva que hoy envía a la mayoría de los acusados a la cárcel, donde los presos pasan sin sentencia largos años en un limbo jurídico. El CPP ha demorado pero está en puerta. Corresponde su ingreso aunque sea con algunas carencias, que deberán ser corregidas con la diligencia y celeridad que han faltado hasta ahora.
