Necesario pero inoportuno

Aunque nadie discrepa con la necesidad de eliminar el delito de abuso de funciones, no es oportuno hacerlo cuando la política está bajo sospecha

Nadie discrepa con la necesidad de eliminar el delito de abuso de funciones debido a las arbitrariedades e injusticias que permite la amplitud de interpretación de su texto. Pero corresponde rechazar el actual intento del Frente Amplio de sacarlo del Código Penal, como parece probable que ocurra, por las sospechas que crea su motivación en estos momentos.

Se anticipa que la mayoría oficialista en el Senado apruebe borrarlo en una sesión prevista para los primeros días de junio. Pero la historia es otra en Diputados, ya que han anunciado que no votarán ese curso el escindido Gonzalo Mujica; Enrique Rubio, de Unidad Popular, y el colorado Fernando Amado, que en otras instancias han acompañado al oficialismo. Si no logra el voto 50 por otro lado, lo que parece difícil, la iniciativa frenteamplista naufragará.


El senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, precisó que la deseable eliminación del abuso de funciones debe discutirse como parte de la reforma del Código Penal pero no “en momentos en que la política está bajo sospecha”. Su comentario se basa en la presunción de que el Frente Amplio quiere derogarlo sin más demora para poner a resguardo a algunos de sus dirigentes más conspicuos.

Bajo el texto actual pueden ser condenados el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del BROU Fernando Calloia, ambos procesados por las irregularidades que rondaron el cierre de Pluna y sus coletazos. También puede ser utilizado por la Justicia de Crimen Organizado que actualmente investiga la gestión de ANCAP en el período en que el vicepresidente Raúl Sendic estaba al frente del ente petrolero.


El fundamento para la derogación del delito radica en que su texto pena la inconducta de funcionarios públicos en forma generalizada, con una indefinida amplitud de redacción que deja su aplicación a criterio de los jueces. Es además superfluo, ya que cualquier delito contra el Estado está cubierto en otros artículos del Código.

Este anacronismo, a contrapelo de la forma precisa en que están detallados los demás delitos penales, ha generado injusticias notorias en el pasado, como fue el caso del encarcelamiento del exministro de Economía Enrique Braga en la década de 1990.

Quitarlo del Código Penal es una forma razonable de perfeccionar este instrumento. Pero corresponde hacerlo sin que se generen sospechas de que se busca beneficiar a dirigentes con nombre y apellido, como denuncia la oposición que es la causa del actual apresuramiento del Frente Amplio.

Hace 10 años el expresidente y entonces senador Julio María Sanguinetti propuso la derogación. Pese a que era el momento adecuado, la iniciativa fracasó por oposición del Frente Amplio. El senador oficialista Rafael Michelini, uno de los que votaron en contra, ahora insiste en sacarlo del Código Penal porque es “una aberración”. Aunque ha admitido que se equivocó en 2007 al rechazar la propuesta de Sanguinetti, su giro tiende a sustentar los argumentos de la oposición de que el Frente Amplio ha elegido propulsar la derogación ahora para proteger a algunas de sus figuras prominentes que podrían ser castigadas por abuso de funciones. Eliminar ese delito del Código Penal es pertinente. Pero es inadecuado el momento elegido por el Frente Amplio para cambiar de posición y tratar de aprobar a las apuradas lo que rechazó años atrás.


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El Observador

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