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Necesidad de control de gastos
La flaqueza del control de costos es camino seguro de perdición para cualquier empresa. Las privadas son en general cuidadosas en este rubro vital. En el Estado la historia es diferente, como acaba de quedar en evidencia en la mayoría de los organismos públicos que emiten tarjetas de crédito corporativas para sus jerarcas. La falta de controles adecuados ya aquejaba a instituciones públicas en otros rubros. Aunque ahora la situación ha mejorado, esa falla imperó durante años en los programas de asistencia a personas de bajos recursos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Y hace ya tiempo que las erogaciones innecesarias o indebidas, consecuencia de pobreza de gestión, se ha convertido en fuente de claudicaciones en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Ahora ha salido a luz que de las 37 unidades estatales que poseen en total 134 tarjetas, solo 15, apenas algo más de la tercera parte, tienen alguna forma de reglamentación para su uso. Esto no significa necesariamente que las restantes 22 instituciones las utilicen en forma indebida, en gastos personales que no sean los exigidos por la función y actividades de los diferentes jerarcas, ya que existen controles internos que presumiblemente en general se aplican y que incluyen rendir cuentas y presentar comprobantes de toda erogación. Pero la ausencia de protocolos que regulen sin fisuras esos gastos indican, en el mejor de los casos, un descuido administrativo que exige corrección.
La situación se conoció después de que el caso del vicepresidente Raúl Sendic indujera al diputado colorado Ope Pasquet a solicitar al Tribunal de Cuentas (TC) un informe sobre las tarjetas en uso en organismos públicos por parte de los miembros de sus directorios y personal jerárquico. Lidera la extensa lista el Instituto Uruguay XXI, encargado de la promoción de exportaciones del país, seguido por las empresas públicas y otras instituciones del Estado. Según datos dados a conocer por Búsqueda y radio Carve, el caso de ANCAP involucra no solo a Sendic cuando la presidía, sino también al senador Leonardo de León, del sector frenteamplista del vicepresidente, por gastos realizados tiempo atrás desde la presidencia de la subsidiaria ALUR.
El reglamento del ente petrolero establece que los miembros del directorio tienen que presentar a la sección de relaciones internacionales “una copia del estado de cuenta y los comprobantes de los gastos” incurridos con sus tarjetas. Pero la respuesta del TC a Pasquet indicó incumplimiento de esa norma al especificar que los datos sobre uso de las tarjetas emitidas en ANCAP “no fueron remitidos al contador delegado” para su control, que es el procedimiento usual en la mayoría de los otros organismos públicos que las utilizan. Al margen del caso de ANCAP bajo autoridades anteriores, no se han denunciado instancias de presunto uso incorrecto de las tarjetas corporativas. Pero si han existido, con seguridad se corregirán ahora bajo el peso de la resonancia pública y la atención política y legislativa que ha generado el tema. La mejor forma de asegurarlo, de todos modos, es establecer y cumplir normas estrictas que eviten desvíos, no solo en las tarjetas corporativas sino en todas las demás áreas del Estado en las que fallan controles confiables del gasto público.
