Negociación con Monsanto no tuvo avances

Los ejecutivos de Monsanto señalaron que tienen que realizar las consultas pertinentes a las jerarquías de la casa matriz de la compañía, en Estados Unidos.

La firma reclama un canon de US$ 15 por tonelada si el test da positivo y el productor no pagó antes por el uso de esa tecnología. La cláusula es objetada por las entidades del agro que dicen que interfiere en el comercio de granos.

Por otra parte, el Estado y Monsanto disienten en cómo manejar la información de los productores que no poseen contrato con la empresa, pero que eventualmente se les detecte la presencia de Intacta. Según el Gobierno, informar estos casos puede llevar de dos a cuatro meses desde la detección de la tecnología, la notificación al productor, su posible descargo y la comunicación a la empresa.

"Lo que el Estado propone no es aceptado por Monsanto. El Estado dice que le puede dar información a la empresa de los casos que dan positivos a Intacta –vía un análisis sobre la soja se evalúa si allí está presente la tecnología de la empresa– en un plazo de dos a cuatro meses, pero Monsanto quiere esa información apenas hay una detección positiva, como hace con quienes tiene contrato", señaló una fuente.

"Monsanto objetó el plazo que da el Estado", agregó otra fuente, que añadió que, si bien formalmente no se convocó a una nueva reunión, podría haber nuevos contactos en las próximas 48 horas. "Creo que hay posibilidades de solución", estimó.

En la reunión participaron el coordinador del equipo económico del gobierno argentino, Gustavo Lopetegui, ejecutivos de la multinacional, acopiadores, exportadores, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.