Ni muy muy, ni tan tan

Cuando el miércoles 26 de diciembre, durante la manifestación que se llevó a cabo frente al Registro Civil en protesta por la postergación de la votación de la ley de matrimonio igualitario, el vocero del colectivo Ovejas Negras, Federico Graña, dijo que el aplazamiento representaba una “victoria pírrica del Uruguay conservador”, puso en palabras una dicotomía que en los últimos tiempos parece haberse cristalizado en la sociedad uruguaya.

Una mirada reduccionista podría esquematizar los dos polos a partir del uso de la oposición liberalismo-conservadurismo, identificando al Frente Amplio (FA) y sus votantes con las posiciones progresistas y a los partidos Blanco y Colorado con las más tradicionales.

De un lado del espectro ideológico aparece, entre otras medidas, la aprobación de la ley de despenalización del aborto, y los proyectos de legalización de la marihuana y de matrimonio igualitario, impulsados por el FA.

Del otro, se encuentran iniciativas como el referéndum contra la ley de aborto, la junta de firmas para bajar la edad de imputabilidad y la oposición contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, lideradas o mayormente respaldadas por los partidos opositores.

Que el país se encuentre a la vanguardia regional e internacional en temas como la legalización de la marihuana y la despenalización del aborto –se convirtió en el segundo Estado de América Latina en hacerlo, después de Cuba-, han suscitado la reafirmación mundial de la imagen de Uruguay como el heredero de ese país liberal que impulsó el primer batllismo a principios del siglo XX. A esta imagen contribuye que el FA gobierne su segundo mandato consecutivo, con grandes posibilidades de repetir en 2015, y el atractivo que despierta la figura austera y horizontal del presidente José Mujica.

Los cimientos del Uruguay liberal se encuentran en ese país que se constituyó en Estado laico en 1917, donde se admitió el divorcio por sola voluntad de la mujer en 1913 (seis décadas antes que en España) y que fue la primera nación de América Latina en instaurar el voto femenino en 1927, con el plebiscito de Cerro Chato. Pocos años después, en 1933, se modificó el Código Penal y la interrupción del embarazo pasó a practicarse en los hospitales públicos. Esto se prohibió con la dictadura de Gabriel Terra, y en 1938 el aborto fue tipificado como un delito.

Para el politólogo Antonio Cardarello, la visión de Uruguay como un país más liberal que el resto de la región es acertada en líneas generales, aunque durante un largo período de la historia el progresismo no estuvo presente en la agenda política.
No obstante, indicó, a principios del siglo XXI se dio un resurgir en el país de una agenda de temas liberales comparable con el batllismo de comienzos del siglo XX, ya que ambos momentos surgieron en un período de crecimiento económico que posibilitó un debate con un su campo de acción más amplio.

No obstante, la aparente primavera liberal que se desarrolla en la actualidad parece resquebrajase cuando se observa el reflejo de la opinión de los uruguayos en las encuestas.

Así, por ejemplo, un 64% de los uruguayos está en contra de la legalización de la marihuana, según reveló un reciente sondeo de Cifra, mientras que un 53 % de quienes se definen como votantes de la gobernante coalición de izquierda también se oponen a la iniciativa. Pese a que la medida es defendida mayormente por los más jóvenes y las personas con mayor formación educativa, el 58% de los universitarios está en contra del proyecto.

Por otro lado, el 66% de la población está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, reveló una encuesta de Interconsult del mes de abril. Más de la mitad de quienes se declararon frenteamplistas se manifestaron a favor de la medida.

Otros datos parecen cuestionar también este progresismo. Un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República publicado a mitad de año indicó que el 49,8% de los uruguayos avala que la Policía realice procedimientos fuera de la ley, lo que posiciona al país en el tercer puesto de un ranking formado por veinte Estados, detrás de Nicaragua y Honduras. Un 22,43% de uruguayos aprueba la justicia por mano propia.

Por otro lado, un reciente estudio de la Graduate School of International Studies de Ginebra, estimó que Uruguay es el noveno país del mundo que tiene más civiles armados: 32 de cada 100 uruguayos portan armas.

Frente a este complejo panorama, la pregunta que surge es si Uruguay es actualmente ese país progresista que los medios internacionales insisten en elogiar o si detrás de una fachada liberal se esconde, en realidad, una sociedad conservadora. ¿Prima la herencia de tolerancia y liberalismo social del batllismo o la “retranca conservadora?”, como expresó el antropólogo Daniel Vidart en una reciente entrevista a BBC Mundo. “¿Hasta qué punto no hay una especie de demagogia popular y nos hacemos trampas al solitario: pensamos unas cosas y hacemos otras?”, se preguntó el académico.
Fracturas partidarias

Las dudas hacia Uruguay como sinónimo de progresismo también pueden trasladarse al interior de las propias propuestas del FA o de las oposiciones y fracturas que estas generan dentro del partido. En esta línea se ubican, por ejemplo, las propuestas de José Mujica de internación compulsiva de los adictos a la pasta base, el impulso de una ley de aumento de los penas para los menores infractores o el decreto del Poder Ejecutivo que considera la sífilis como un “peligro público” y que obliga a las embarazadas –afectadas con esa enfermedad– a identificar a sus parejas sexuales.

Dentro de las propuestas progresistas del FA uno de sus principales cuestionadores es nada menos que al expresidente Tabaré Vázquez, a todas luces el próximo candidato del FA para las próximas elecciones, quien vetó el proyecto de legalización del aborto en 2008 y se manifestó en contra de la legalización de la marihuana, alegando que “simple y llanamente, no hay que consumir” esta droga.

A su vez, en la votación de la ley de despenalización del aborto en Diputados, el FA necesitó del voto de Iván Posada, del Partido Independiente, y tuvo que aceptar su modificación de la ley para poder aprobarla, frente a la negativa del frenteamplista Andrés Lima, algo que no dejó satisfechos a muchos de los militantes pro aborto, quienes consideran que la nueva ley no lo despenaliza, ya que obliga a las mujeres a comparecer ante un tribunal interdisciplinario.

Por otro lado, la recientes declaraciones de José Mujica de frenar el proyecto de legalización de la marihuana, que él mismo impulsó, alegando que la sociedad “no está madura”, son una muestra más de esta tensión entre progresismo y conservadurismo en la sociedad uruguaya.

Ejemplos hay más. Pese a que Uruguay no es pionero en el continente en la ley de matrimonio igualitario, si lo ha sido en la aprobación de la unión civil entre parejas del mismo sexo, legal desde el 1º de enero de 2008. No obstante, la escasez de figuras públicas que han salido del closet podría hablar de una falta de visibilidad de la homosexualidad.

Por otro lado, las medidas de avanzada de principios del siglo XX respecto a las mujeres no impiden que Uruguay sea en la actualidad un país con “déficit democrático”, de acuerdo a las Naciones Unidas, debido a la “escasa” participación del sexo femenino en los puestos de toma de decisiones, pese a que representa el 52% de la población. La participación femenina en el Parlamento es del 15% y está por debajo del promedio regional que se ubica en el 23%. En el gabinete del presidente Mujica, solo hay una mujer (Liliam Kechichián, Ministra de Turismo y Deporte).

Transversalidad
Para Cardarello, la distinción entre liberalismo y conservadurismo no es fácil de delimitar ya que ambas categorías cortan transversalmente a los partidos y a la sociedad uruguaya.

Así también lo entiende el sociólogo Antonio Pérez García: “¿A quién se le hubiera ocurrido hace diez años que un legislador del Partido Nacional presentara un proyecto para la legislación de la marihuana y que ese legislador se llamara Lacalle? Los discursos tradicionales han dejado de dar respuestas claras a la manera que se resuelven los problemas hoy. Es lo que conduce a que haya incertidumbre en todas las fuerzas políticas”, sostuvo.

Por otro lado, puntualizó, habría que repensar hasta qué punto el progresismo en la actualidad se condice con una noción clásica de individualismo o podría ser entendido como una forma avanzada de individualismo, es decir, como una forma de ser en la sociedad en la que el individuo es el centro.

Para el politólogo argentino Mario Riorda, aunque la secularidad ha sido un factor diferencial de la sociedad uruguaya, no queda claro que el progresismo sea hoy una marca nacional.

“Las expresiones de los partidos de oposición y su fuerza actual relativa, (potencialmente sumando electoralmente más que el oficialismo en la coyuntura vigente) me permiten afirmar esto”, indicó.

El carácter secular de la constitución del Estado uruguayo, que tuvo uno de sus hitos en el desarrollo de la instrucción pública con José Pedro Varela, explican los expertos, es fundamental para entender el componente progresista del país.

Sin embargo, señaló Pérez García, los sistemas de valores que se pusieron marcha bajo el formato secular se parecen mucho a los formados bajo la impronta cristiana.

“En algunos estudios se muestra con claridad hasta qué punto el papel que hubiera podido llevar el clérigo pasa al maestro y el médico”, sostuvo.

Así, pese a que los uruguayos puedan definirse como liberales en muchos campos, cuando lo que entran en juego son los grandes valores sobre los que descansa la sociedad uruguaya, como la familia o el apego a la seguridad (en el sentido de trayectoria de vida), explicó Pérez García, es entonces cuando el progresismo encuentra resistencias.

Por eso, estableció el catedrático, los proyectos del aborto, la marihuana y el matrimonio homosexual generaron rechazo en amplios sectores del país e incluso en personas que negarían ser definidos como conservadores. En contraposición, señaló Pérez García, Uruguay ha estado más abierto a los cambios que tienen que ver con la justicia social y el desarrollo económico y tecnológico.

Por otro lado, indicó Riorda, “cuando un tema afecta severamente a un grupo, puede ponerse por encima de la ideología, Hoy, con la seguridad como tema que la ideología no soluciona, se está rompiendo el consenso progresista”. El aumento de las penas a los menores infractores propulsada por el FA, puede ser un claro ejemplo de esto.

La seguridad se constituye entonces, en un punto clave en esta difuminación entre lo liberal y lo conservador. También hay que tener en cuenta, señaló Cardarello, las vicisitudes de la realidad uruguaya, que la colocan en un contexto de desarrollo económico pero con una población envejecida, tendiente a convertir a la seguridad en su preocupación central.